Descubren millonario negocio tras protestas de los mapuches

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Fernando Gutiérrez

El caso Santiago Maldonado está teniendo algunas derivaciones inesperadas. Además de generar la previsible alarma por una desaparición en democracia y la presunta responsabilidad de la Gendarmería, y más allá del debate sobre el uso político del asunto, tuvo el efecto de enfocar la atención de la opinión pública sobre la comunidad mapuche de la Patagonia.

Maldonado era simpatizante de un grupo llamado Resistencia Ancestral Mapuche, que hasta hace dos meses solo era conocido por algunos pobladores de las provincias de Chubut, Neuquén y Santa Cruz, pero que hoy se transformó en un tema recurrente en los medios de comunicación y las redes sociales.

En el ojo de la tormenta, este grupo tiene defensores y detractores. Para algunos, una legítima forma de organización para defender las reivindicaciones históricas de un pueblo originario que ha sufrido persecución y despojo durante dos siglos.

Para otros, en cambio, representa el peligroso embrión de un movimiento autárquico, que no solo desconoce al Estado argentino sino que hasta quiere menoscabar su soberanía al formar una especie de enclave. Y que, en su afán reivindicativo, recurre a métodos violentos, como la extorsión y el sabotaje, incluyendo agresiones a personas e incendios de propiedades.


Pero el punto menos conocido, que en estos días está saliendo a luz, es el de una extensa lista de negocios vinculados a las reivindicaciones. Ya sea en forma de pago por reparación ambiental, por derecho de uso de "tierras ancestrales" o por la contratación compulsiva de servicios tercerizados, las organizaciones mapuches han generado ingresos financieros nada despreciables sobre la base del reconocimiento estatal de su preeminencia histórica.

Su ingreso más importante está vinculado al petróleo, la principal actividad económica en las provincias patagónicas. Y, más específicamente, a la empresa YPF, ahora reestatizada luego de haber sido vendida al grupo español Repsol en los años 1990.

Las vías por las cuales estas organizaciones reciben dinero de las petroleras son, básicamente, tres: los juicios de reparación por daños ambientales, el concepto legal de "servidumbre" por hacer uso de tierras ancestrales para una actividad de extracción y la contratación de servicios tercerizados de estas mismas comunidades.

Por ejemplo, en los últimos tres años, la comunidad Kaxipayiñ cobró unos US$ 10 millones, al tiempo que avanza un juicio por US$ 500 millones por concepto de daño ambiental en el yacimiento Loma de la Lata, en Neuquén.

Aunque la defensa del medio ambiente es parte central de la retórica de estos grupos mapuches, hay acusaciones en el sentido de que se trata de un ecologismo impostado, que en realidad solo es una excusa para obtener ingresos económicos.

Quien hace esta acusación es principalmente YPF, que refiere que los propios grupos mapuches han obstaculizado, y en algunos casos, impedido, la aplicación de medidas para recuperar tierras afectadas por la explotación petrolera.

La acusación de la empresa es que la organización mapuche presionó para que se contratara los servicios de una "consultora ambiental" de la propia comunidad, que ya lleva cobrado más de U$S 500 mil.

La principal queja alude a la metodología extorsiva y violenta que estas organizaciones utilizan en su relacionamiento con las empresas de la región.

La contratación de los servicios de transporte, seguridad, limpieza y supuesta asesoría ambiental ocurre bajo presión y, por cierto, en contratación directa y sin licitación. En las ocasiones en que las empresas se han negado a contratar esos servicios, la respuesta fueron los piquetes, las agresiones a los trabajadores y los cortes de accesos a las áreas de extracción petrolera.

Abundan en esa zona las referencias a cómo los líderes de estas comunidades aumentaron en forma exponencial su patrimonio, al punto que se mueven en lujosas camionetas 4x4 e incluso hasta compraron caballos de carrera.

Llamativamente, las acciones conflictivas, que antes se limitaban a la zona de Loma de la Lata, están ahora también trasladándose a Vaca Muerta, la región en la que hace pocos años se descubrió un megayacimiento de petróleo y gas no convencional, y que está en el inicio de su fase de perforación con el costoso método fracking.

Pero no solo el petróleo fue objeto de la protesta violenta. También se registró una larga lista de ataques a estancias, en especial a algunas con dueños extranjeros de alto perfil, como la del grupo italiano Benetton en la provincia de Chubut.

En esos campos, comprados por grupos extranjeros en los años 1990 y que se dedican principalmente a la cría de ganado ovino, se registraron agresiones a los puestos de guardia y ocupaciones ilegales de terrenos.

La argumentación es que se trata de tierras "ancestrales" que les pertenecen por derecho.
Se estima que las áreas reclamadas por estos grupos podrían valer más de US$ 150 millones.
Ante la sucesión de episodios violentos y por la repercusión internacional negativa de estos hechos, el grupo Benetton está reconsiderando la continuidad de sus negocios en el país.

Costumbres argentinas

A nivel mediático los grupos mapuches corren con cierta ventaja en esta pulseada. Frente a las grandes corporaciones, la imagen de pequeñas comunidades indígenas que reclaman por la reparación histórica tras más de un siglo de despojos siempre es recibida con simpatía por parte de la población.

Sobre todo si esa población vive en Buenos Aires, alejada de la zona de conflictos cotidianos, y cultiva un perfil "progresista" que gusta del revisionismo histórico y considera que episodios como la Conquista del Desierto"de fines del siglo XIX es asimilable a un genocidio.

Mientras se desarrolla ese debate en los círculos intelectuales, los mapuches intentan reforzar su imagen a nivel mundial. La organización Enlace Mapuche Internacional anunció que presentará una denuncia formal ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para acusar al gobierno argentino de incitación al odio étnico y racial.

La base para esa denuncia es la insinuación realizada por parte de funcionarios del gobierno macrista en el sentido de que los mapuches argentinos podrían estar esponsoreados y financiados por organizaciones internacionales vinculadas a Gran Bretaña, así como de estar vinculados a actos de terrorismo ocurridos en territorio chileno.

Lo cierto es que, de ser ignorados durante décadas, los mapuches pasaron a ocupar un lugar central en la política y la atención mediática.

De pronto, los argentinos empezaron a hablar sobre los lonkos, que dirigen a las comunidades organizadas en lofs y que son invitados a los estudios de televisión. El rating y la controversia están garantizados, porque los grupos más radicalizados plantean expresamente su desconocimiento del Estado argentino y reivindican la lucha armada.

En todo caso, de lo que no se los puede acusar es de no seguir las más arraigadas costumbres argentinas: la búsqueda del subsidio continuo por parte del Estado y el uso de la extorsión para lograr contratos son, desde hace décadas, parte de la cultura sindical.