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jueves, 28 de febrero de 2013

¿Y si Chávez no puede jurar?


Si Chávez no jura, Venezuela debe ser suspendida del Mercosur y la Unasur




Por una similar interpretación laxa de su Constitución Nacional, el 29 de junio de 2012 en la Cumbre de Mendoza, Paraguay era suspendido en su membresía de ambas organizaciones internacionales, después del juicio político express con el que el Senado en pleno sancionaba y expulsaba al entonces presidente Fernando Lugo. Para volver, las autoridades de Asunción deberán demostrar su legitimidad de origen con el voto popular en las elecciones del 21 de abril del corriente año.

Una decisión muy fuerte tomada por las dos presidentes de los países más importantes de la región, Dilma y Cristina, quienes de esa forma querían dejar claro que no se toleraría ninguna violación, aunque fuera de estilo o forma, a la vigencia de la cláusula democrática. Tantos años de vivir al margen de la ley bajo dictaduras parecían haber marcado a fuego a la América del Sur. Por eso hay que ser extremadamente cuidadoso con el caso de Venezuela y la enfermedad de Chávez, ya que de no actuar con el mismo criterio que se hizo con la remoción de Lugo, legal, aunque de dudosa legitimidad, se estaría mostrando un peligroso antecedente. Una puerta que se abre para que algunas violaciones sean aceptadas. Muy malo sería que se toleren alteraciones al ordenamiento legal por conveniencias ideológicas.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 233, establece claramente el procedimiento a seguir en caso de ausencia temporal o permanente del presidente o presidenta electa. Si no jura en la fecha establecida, debe llamarse a elecciones dentro del plazo de 30 días, proceso conducido por el presidente de la Asamblea Nacional, en este caso Diosdado Cabello. Ya se toleró una interpretación dudosa por parte del Tribunal Superior de Justicia, debido al hecho de que Chávez reviste la doble condición de presidente en ejercicio y presidente electo. Ahora estaríamos a pocos días de violentar nuevamente la carta magna ya que el 11 de marzo se cumplirían los 90 días de ausencia temporal y entonces la Asamblea Nacional debería decidir si existe ausencia permanente. Para ello se tiene que designar a una junta médica que evalúe y decida la incapacidad presidencial para ocupar el cargo.
El juego permanente de idas y venidas respecto de la real situación clínica de Chávez demuestra la enorme preocupación de su gobierno sobre estos potenciales incumplimientos. La exagerada y dudosa promoción de un presidente sonriente y al mando pretende ir instalando la idea de que no se trata de una ausencia por incapacidad. Por eso tanta bronca y desprecio con las fuentes de información informales, que normalmente han venido mostrando la verdad, aunque dura y penosa respecto de la decadencia física del líder. Siempre merecedoras de una enérgica condena desde Caracas aunque luego confirmadas por la realidad de los hechos.
Sin entrar a considerar la enorme irresponsabilidad cometida por Chávez al mentir descaradamente sobre su enfermedad durante las últimas elecciones y más allá de las consideraciones personales, de amistad, ideología o conveniencia geopolítica o económica, nuevamente Dilma y Cristina con el apoyo de toda la región, deberían exigirle a Venezuela la constitución de esa junta médica, lo más objetiva y transparente posible, cosa de definir rápido su estado de salud y capacidad para gobernar. De esa forma se podría enmarcar adecuadamente el caso para proceder de acuerdo a lo que establece la Constitución de 1999, modificada en el 2009.
De lo contrario, estaríamos incurriendo en un incumplimiento de la cláusula democrática ya que, para colmo, como el comandante bolivariano no ha podido jurar su nuevo mandato y mucho menos designar vicepresidente de la Nación, Nicolás Maduro estaría ejerciendo el poder como una prolongación del ya extinto período anterior. Algo al menos tan grave como la situación paraguaya del año pasado, amplificado por el hecho de que a diferencia del Paraguay, en Venezuela el segundo de a bordo no es votado por el pueblo sino elegido por el presidente. Esto le otorgaría mucha más legitimidad de origen a Franco que a Maduro para reemplazar a sus primeros mandatarios.
Sudámerica tiene que reaccionar rápido si quiere ser realmente democrática, entendiendo que la ley y las obligaciones se aplican a todos por igual sin importar su forma de pensar o cercanía ideológica. Esperemos que así sea.

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