Kirchner apunta contra
el poder judicial de Argentina
Un video de la
ministra venezolana para Asuntos Penitenciarios en una rueda de prensa el
martes en Caracas se volvió viral en cuestión de horas, y no porque sea
agradable verlo. En cambio, es prueba de que a menos de una semana de ser
designado como el sucesor de Hugo Chávez, Nicolás Maduro está intensificando el
control autoritario del gobierno militar de 14 años.
Miles de personas
salieron a las calles el 18 de abril para protestar contra el gobierno de
Kirchner.
La ministra Iris
Varela ha decidido que el candidato presidencial de la oposición, Henrique Capriles, es responsable de la violencia postelectoral en la capital. Capriles
"es el autor intelectual y debe pagar", proclamó Varela. Dirigiéndose
directamente al ex candidato, declaró: "Estoy preparando la celda donde
vas a tener que ir a purgar tus crímenes, porque eres un fascista y eres un
asesino". En la cárcel, "vamos a ver si ahí te quitamos ese
pensamiento fascista".
Varela pudo hablar
con tal confianza porque Maduro controla el poder judicial venezolano. Si
decide que quiere a Capriles encarcelado, el juicio es una formalidad.
La fea realidad es
que el estado policial venezolano no es ignorado por los argentinos, que ahora
se ven amenazados por el intento de la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner de tomar control de la Justicia, un arrebato de poder que presagia un
fin similar de sus libertades.
Kirchner no ha
mantenido en secreto su admiración por el modelo de gobierno de Chávez, pero no
le ha sido fácil consolidar el poder. La riqueza argentina no está concentrada
en las manos del Estado como en Venezuela, donde el gobierno es propietario del
monopolio petrolero y por tanto controla la economía.
Los intereses que
no coinciden con los de ella le han impedido implementar una agenda socialista
completa, más notablemente cuando intentó imponer impuestos confiscatorios a
las exportaciones del sector agrícola en 2008. Otro motivo por el que los
disidentes han sido relativamente exitosos en mantener a raya a la presidente
hambrienta de poder son los medios de comunicación independientes, lo que
explica por qué intenta estrangularlos.
Como informé el 25
de marzo, el gobierno de Kirchner ha estado privando de ingresos a los
periódicos independientes al instruir a empresas de alimentos y electrónicos
para que no anuncien con ellos. Los minoristas están muy conscientes de que al
ser el único proveedor de licencias de importación y del tipo de cambio oficial
—y como el supervisor de "protección al consumidor" de la nación— el
gobierno de Kirchner puede poner en aprietos a los que no acaten.
Controlar la
cobertura televisiva es un reto más difícil. El conglomerado de medios Grupo
Clarín es la única voz independiente de telecomunicaciones en el país, con 35%
del mercado de cable argentino y una presencia mucho menor en otros mercados
como la radio. Su canal de noticias proporciona al país información que no está
disponible en otros medios, la gran mayoría de los cuales son controladas por
el gobierno o siguen la línea de su partido. En 2009, su gobierno llevó al
Congreso a promulgar una ley de medios que le otorga al Estado el control de
cerca de dos tercios del espectro radial y televisivo y obliga a Clarín a
vender activos, lo que causaría una considerable reducción de la empresa y su
influencia.
Clarín consiguió
una medida cautelar contra la ley en 2010. Kirchner no sólo estaba descontenta
con la empresa de medios, sino también con el poder judicial independiente de
Argentina.
Esto nos trae a
las noticias recientes. Las elecciones legislativas están programadas para
octubre y los kirchneristas están desesperados por ganar una mayoría para poder
cambiar la ley con el fin de permitirle a la presidenta postularse a un tercer
mandato. Para alcanzar esa meta, el gobierno decidió que es necesaria una mayor
cooperación de las cortes.
El gobierno de
Kirchner redactó y el Congreso ahora ha aprobado una ley que, entre otras
cosas, acaba con las normas existentes para elegir a los miembros del Consejo
de la Magistratura, el organismo que selecciona y puede impugnar a jueces
federales. Estas reglas aseguraban que el consejo estuviera compuesto por un
grupo variado de personas escogidas por políticos, jueces, abogados y
académicos.
En su lugar, la
reforma estipula que el consejo será elegido por voto popular durante las
mismas elecciones para designar al presidente, lo que eleva la probabilidad de
que el poder ejecutivo controle al judicial. Si 51% de los votantes quieren
jueces que quiten al otro 49% su propiedad, que así sea. La reforma también
limita a seis meses cualquier orden cautelar contra una política del gobierno,
lo que destruye convenientemente la protección que tiene Clarín ahora. También
habrá nuevos tribunales de apelación con jueces nombrados por el consejo.
La sociedad civil
argentina se ha alborotado por esta agresión. El 18 de abril, aproximadamente
un millón de argentinos salieron a las calles de Buenos Aires a protestar
contra su gobierno. Los expertos legales, grupos de derechos humanos, el grupo
anticorrupción Transparency International y defensores de la libertad de prensa
están todos advirtiendo que la ley pondrá fin a la separación de poderes.
Unos días antes de
que el Congreso aprobara la reforma de Kirchner, un tribunal de apelación falló
que obligar a Clarín a vender activos bajo la ley de medios de 2009 es
inconstitucional. Se prevé que el gobierno apele en la Corte Suprema, pero
analistas prevén que Clarín prevalecerá. A menos que el tribunal supremo
también declare inconstitucional la reforma judicial de Kirchner, eso podría
ser el último suspiro de la república argentina. Simplemente pregúnteles a los
venezolanos.
Escriba a
O'Grady@wsj.com
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