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jueves, 8 de octubre de 2015

De Defensa no se habla.







Editorial - LA NACION


La casi nula presencia del tema de Defensa en el debate de los candidatos presidenciales ejemplifica el paulatino desinterés de la clase política por un tema esencial, desinterés que coincide con la postergación a la que el gobierno kirchnerista sometió a las Fuerzas Armadas, cada vez más desarmadas y en peores condiciones de cumplir el rol que les impone la Constitución.
La verdad es que el estado de indefensión de la Argentina aumenta sin pausa. Por ejemplo, cuando dentro de dos meses la Fuerza Aérea despida a sus viejos aviones Mirage luego de 43 años de servicios, incluida la Guerra de las Malvinas, esa fuerza contará con sólo siete viejos jets A4 como únicos aviones de combate a reacción. Cabe recordar que un avión de entrenamiento de esa fuerza cayó a tierra en junio y sus dos tripulantes murieron, y que también falleció un suboficial mecánico al ser aplastado por una aeronave que se desplazó contra un hangar en la Brigada de Villa Reynolds, San Luis.
Días atrás se llevó a cabo la muestra Defensa de la Industria, visitada por más de 25.000 personas, con la participación de más de 120 empresas nacionales, 20 del exterior y 30 institutos de investigación públicos y privados. Es una ironía que en esa oportunidad el ministro de Defensa, Agustín Rossi, haya afirmado que "los avances de estos 12 años en materia de industria para la Defensa son un orgullo para todos los argentinos".



En un reciente artículo, la revista Defense Journal de Gran Bretaña se refirió a la "casi total pérdida del poder militar argentino" en un artículo en el que el especialista internacional George Allison describe de qué manera las Fuerzas Armadas argentinas han perdido completamente su capacidad operativa. En realidad, no dice nada que no sea ya conocido. Describe cómo la Fuerza Aérea no tiene hoy aviones en condiciones de combatir y recientemente debió reducir el horario de trabajo por carecer de fondos para dar el almuerzo. La Armada no tiene buques ni submarinos operativos, no puede siquiera entrenar a sus oficiales y, al igual que el Ejército, no dispone de munición ni armas para sostener un combate ni aun para adiestramiento.

Como expresión extrema del deterioro defensivo argentino, Allison menciona el embargo al que fue sometida en Ghana la Fragata Libertad y la retención en Sudáfrica de la corbeta Espora porque la empresa reparadora no recibía los pagos que se le adeudaban. Todo esto está dicho en una revista que tiene amplia difusión en los estamentos militares y diplomáticos del mundo. Se describe esta realidad argentina no como una decisión política de desarme, sino como el resultado de incapacidad, desidia y extrema escasez presupuestaria. La descalificación no puede ser más absoluta.
En el plano de las relaciones internacionales, una decisión de desarme podría ser comprendida a condición de que se encuadre en acuerdos con otros países para que deje de ser necesaria la disuasión, o bien que una potencia supranacional se comprometa a la defensa de ese país desarmado en caso de agresión. Ninguna de estas dos condiciones se verifican en el caso argentino. No es que se prevea algún conflicto bélico en la región, pero tanto Chile como Brasil han invertido importantes sumas en equipamiento militar. Lo han hecho seguramente sin intención agresiva, pero han seguido la teoría de los equilibrios como forma de disuadir cualquier acción militar y de dar suficiente respaldo a la tarea diplomática. En Chile y Brasil las fuerzas políticas entendieron que la defensa nacional no era una función propia de los gobiernos militares, sino un mandato constitucional.
No fue así en la Argentina. El antimilitarismo formó parte del sentimiento político predominante y se confundió la defensa con la guerra antisubversiva y la represión. A pesar de que la ley de defensa nacional encuadró la actuación de las Fuerzas Armadas sólo en los conflictos externos, no hubo un programa concreto de reequipamiento para cumplir esa función. Sólo documentos y papeles. Desde 1983 hasta la fecha la insuficiencia presupuestaria fue el rasgo distintivo de este componente del Estado. Ya en 2010 el Libro Blanco de la Defensa, del Ministerio de Defensa, reconocía: "A inicios del siglo XXI, el sistema de defensa nacional presentaba un conjunto de disfuncionalidades estructurales que habían contribuido a sumir al instrumento militar en una profunda crisis existencial". En ese mismo documento se mencionaba la desorientación estratégica, la ausencia de organización y de acción militar conjunta, y la obsolescencia y degradación del material, entre otras cosas. Se reconocía el grado de deterioro de las Fuerzas Armadas, pero desde entonces nada se hizo al respecto.
El sistema defensivo argentino es no sólo un caso de consumo de capital, como también ocurrió con la infraestructura energética y de transporte. Se puede decir que por acción u omisión hubo una política deliberada de desmantelamiento que ha ido más allá de la mera incapacidad de generar recursos.
El Preámbulo de nuestra Constitución nacional establece el objetivo de "proveer la defensa común". Deberíamos preguntarnos por qué nuestros gobernantes no dan una explicación del incumplimiento de este objetivo. Pero también debemos interrogar a los actuales candidatos a ocupar la Presidencia de la Nación sobre sus propuestas en materia de defensa nacional. La omisión de este tema en la presente campaña electoral constituye una falta inexplicable que sólo puede deberse al prurito equivocado y ciertamente cobarde de que no es políticamente conveniente tocar las cuestiones militares.