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domingo, 27 de septiembre de 2020

La elección que podría romper a los Estados Unidos.







COMENTARIO: Ya lo anuncia hasta el diario La Nación mediante la reproducción de un artículo de Thomas Friedman ("Si gana Trump, tendremos alguna forma de guerra civil en EE.UU." https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/thomas-friedman-si-gana-trump-tendremos-alguna-nid246192). 

Como es habitual tanto para ese diario, como para la masa de los políticos progresistas argentinos, simpatiza con los candidatos del Partido Demócrata. 

Nosotros anunciamos este escenario como una posibilidad a partir de las instancias del juicio político celebrado contra el Presidente Trump en septiembre del 2019.  Igualmente, hoy, hay una multitud de análisis similares, ya que el Establishment norteamericano tiene mucho miedo ante una posible reelección de Trump. Quien, por su parte, no deja de repetir que no entregará el mando frente a unas elecciones amañadas y por correo. 

Por nuestra parte, reafirmamos nuestros análisis iniciales. Gane quien gane se avecina una tormenta institucional en los EEUU. Una que muy bien puede pasarse a la calles en el análisis que hemos denominado guerra civil  molecular.

Con este artículo que hemos traducido no es nuestra intención estar a favor o en contra de cualquiera de los candidatos. Es señalar que la alta probabilidad del escenario que acabamos de mencionar.

En este largo y fundamentado artículo, de la revista especializada “The Atlantic”  se explica, desde el punto de vista del Partido Demócrata, lo que muchos analistas serios consideran que puede ocurrir. Lo interesante del mismo es que hace a caballo de una línea de acontecimientos basados en los complejos mecanismos de elección indirecta, con colegio electoral, que se utilizan en los EEUU.

Queda para una próxima entrega de ESPACIO ESTRATÉGICO el análisis de las posibles consecuencias globales, regionales y nacionales si este acontecimiento, el de una guerra civil molecular en los EEUU, tuviera lugar.

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La elección que podría romper a los Estados Unidos.

Si la votación es ajustada, Donald Trump, fácilmente, podría convertir la elección en un caos y no reconocer el resultado. ¿Quién lo detendrá?



Barton Gellman


https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2020/11/what-if-trump-refuses-concede/616424/


Hay una cohorte de observadores cercanos de nuestras elecciones presidenciales, académicos, abogados y estrategas políticos, que se encuentran en la incómoda posición de los analistas de inteligencia en los meses previos al 11 de septiembre. A medida que se acerca el 3 de noviembre, sus pantallas parpadean en rojo, iluminadas con advertencias que el sistema político no sabe cómo absorber. Ven las señales obvias que todos vemos, pero también, saben cosas sutiles que la mayoría de nosotros no. Algo peligroso ha aparecido a la vista y la nación se interpone en su camino.

El peligro no es, simplemente, que las elecciones de 2020 traerán discordia. Aquellos que temen algo peor dan por sentadas las turbulencias y la controversia. La pandemia del coronavirus, un titular imprudente, una avalancha de boletas por correo, un servicio postal destrozado, un esfuerzo recurrente por reprimir los votos y una gran cantidad de demandas están afectando a la frágil maquinaria electoral de la nación.

Algo tiene que ceder y muchas cosas lo harán, cuando llegue el momento de emitir, escrutar y certificar las boletas. Todo es posible, incluido un deslizamiento de tierras que no deje dudas en la noche de las elecciones. Pero incluso si una de las partes toma la delantera, la tabulación y el litigio del “tiempo adicional” —millones de boletas provisorias y por correo— podrían mantener el resultado sin resolver durante días o semanas.

Si tenemos suerte, este ciclo electoral tenso y disfuncional llegará a un punto de detención convencional en el tiempo para cumplir los plazos cruciales en diciembre y en enero. El resultado se decidirá con suficiente autoridad para que el candidato perdedor se vea obligado a ceder. Colectivamente habremos tomado nuestra decisión, una complicada, sin duda, pero lo suficientemente clara como para armar al presidente electo con un mandato para gobernar.

Como nación, nunca hemos dejado de superar esta vara. Pero en este año electoral de plaga, de recesión y de política catastrófica, los mecanismos de decisión corren un riesgo significativo de romperse. Los estudiosos más cercanos de la ley y del procedimiento electoral advierten que las condiciones son propicias para una crisis constitucional que dejaría a la nación sin un resultado claro. No tenemos ningún seguro contra esa calamidad. Así que las luces rojas parpadean.

“Bien podríamos ver una lucha postelectoral prolongada en los tribunales y en las calles si los resultados son ajustados”, dice Richard L. Hasen, profesor de la Facultad de Derecho de UC Irvine y autor de un reciente libro  llamado “Election Meltdown”. "El tipo de colapso electoral que pudiéramos ver sería mucho peor que el caso Bush vs. Gore del 2000".

Mucha gente, incluido Joe Biden, el candidato del Partido Demócrata, ha malinterpretado la naturaleza de la amenaza. Lo enmarcan como una preocupación, impensable para los presidentes del pasado, que Trump podría negarse a desocupar la Oficina Oval si pierde. En general, concluyen, como ha hecho Biden, que en ese caso las autoridades correspondientes "lo escoltarán fuera la Casa Blanca con gran rapidez".

El peor de los casos, sin embargo, no es que Trump rechace el resultado de las elecciones. El peor de los casos es que use su poder para evitar un resultado decisivo en su contra. Si Trump se despoja de toda moderación y si sus aliados republicanos desempeñan los papeles que les asigna, podría obstruir el surgimiento de una victoria legalmente inequívoca para Biden en el Colegio Electoral y luego en el Congreso. Podría evitar la formación de consenso sobre si hay algún resultado. Podría aprovechar esa incertidumbre para aferrarse al poder.

Los equipos legales estatales y nacionales de Trump ya están sentando las bases para maniobras postelectorales que eludirían los resultados del recuento de votos en los Estados disputados. Las ambigüedades en la Constitución y las bombas lógicas en la Ley de Recuento Electoral hacen posible extender la disputa hasta el Día del Traspaso del Mando, lo que llevaría a la nación al precipicio. La Vigésima Enmienda dice muy claramente que el mandato del presidente "termina" al mediodía del 20 de enero, pero dos hombres podrían presentarse para jurar. Uno de ellos llegaría con todas las herramientas y el poder de la presidencia ya en sus manos. 

"No estamos preparados para esto", me dijo Julian Zelizer, profesor de Historia y Asuntos Públicos de Princeton. “Hablamos de eso, algunos se preocupan y nos imaginamos lo que sería. Pero pocas personas tienen respuestas reales a lo que sucedería si se usa la maquinaria de la democracia para evitar una resolución legítima de las elecciones ”.

No nos engañemos de una sola cosa. Donald Trump puede ganar o perder, pero nunca cederá.

Hace diecinueve veranos, cuando los analistas antiterroristas advirtieron de un ataque inminente de al-Qaeda, sólo pudieron adivinar una fecha. Este año, si los analistas electorales tienen razón, sabemos cuándo es probable que surjan los problemas. Llamémoslo Interregno: el intervalo desde el día de las elecciones hasta la toma de posesión del próximo presidente. Es una tierra de nadie temporal entre la presidencia de Donald Trump y un sucesor incierto: un segundo mandato para Trump o el primero para Biden. La transferencia de poder que solemos dar por sentada tiene varios pasos intermedios y son frágiles.

El Interregno comprende 79 días, cuidadosamente delimitados por la ley. Entre ellos se encuentran “el primer lunes después del segundo miércoles de diciembre”, este año cae el 14 de diciembre, cuando los electores se reúnen en los 50 Estados y en el Distrito de Columbia para emitir sus votos para presidente; “El tercer día de enero”, cuando se sienta el Congreso recién elegido; y “el sexto día de enero”, cuando la Cámara de Diputados  y el Senado se reúnen conjuntamente para un conteo formal del voto electoral. En la mayoría de las elecciones modernas, estos han sido hitos pro forma, irrelevantes para el resultado. Este año, puede que no lo sean.

“Nuestra Constitución no asegura la transición pacífica del poder, sino que la presupone”, escribió el jurista Lawrence Douglas en un libro reciente titulado simplemente “Will He Go?”. El Interregno al que estamos a punto de entrar estará acompañado de lo que Douglas, quien enseña en Amherst, llama una “tormenta perfecta” de condiciones adversas. No podemos alejarnos de esa tormenta. El 3 de noviembre navegamos hacia su núcleo central. Si salimos sin trauma, no será porque un barco inhundible  nos haya salvado.

No nos engañemos de una sola cosa. Donald Trump puede ganar o perder, pero nunca cederá. Bajo ninguna circunstancia. Ni durante el Interregno ni después. Si finalmente se ve obligado a desocupar su cargo, Trump insistirá desde el exilio, siempre que respire, que la contienda fue amañada.

El compromiso invencible de Trump con esta postura será el hecho más importante sobre el próximo Interregno. Deformará los procedimientos de principio a fin. No hemos experimentado nada parecido antes.

El alarmante alcance de los poderes de emergencia del presidente.

Quizás se dude. ¿Es un hecho que si Trump pierde, rechazará la derrota, pase lo que pase? ¿Sabemos eso? Técnicamente, uno se siente obligado a señalar y la proposición se enmarca en el futuro condicional y la profecía no es un don de nadie. Y así sucesivamente. Con el debido respeto, eso es mezquindad. Conocemos a este hombre. No podemos permitirnos el lujo de fingir.

El comportamiento y la intención declarada de Trump no dejan lugar para suponer que aceptará el veredicto del público si el voto va en su contra. Miente prodigiosamente: para manipular los acontecimientos, para obtener ventajas, para eludir la responsabilidad y para evitar daños a su orgullo. Una elección produce el destilado perfecto de todos esos motivos.

La patología puede ejercer la mayor influencia en las decisiones de Trump durante el Interregno. Argumentos bien respaldados, algunos de ellos en esta revista, han demostrado que Trump se ajusta a los criterios de diagnóstico de la psicopatía y el narcisismo. Cualquiera de los dos trastornos, según su definición médica, lo volvería, prácticamente, incapaz de aceptar la derrota.

El comentario convencional tiene problemas para afrontar este problema directamente. Los periodistas y los formadores de opinión se sienten obligados a agregar descargos de responsabilidad cuando preguntan "y si" Trump pierde y se niega a ceder. "Todos los escenarios parecen inverosímiles", escribió “Politico”, (1) citando a una fuente que los comparó con la ciencia ficción. La ex fiscal federal Barbara McQuade, periodista en “The Atlantic”, en febrero, no se atrevió a tratar el riesgo como real: “Que un presidente desafíe los resultados de una elección ha sido impensable durante mucho tiempo; ahora es, si no una posibilidad real, al menos algo sobre lo que los partidarios de Trump bromean ".

Pero los partidarios de Trump no son las únicas personas que tienen pensamientos extraconstitucionales en voz alta. A Trump se le ha preguntado directamente, tanto durante esta campaña como en la última, si respetará los resultados electorales. Dejó sus opciones descaradamente abiertas. “Lo que estoy diciendo es que no te lo diré en ese momento. Te mantendré en suspenso. ¿Bueno?" le dijo al moderador Chris Wallace en el tercer debate presidencial de 2016. Wallace volvió a intentarlo en una entrevista para Fox News en julio pasado. "Tengo que ver", dijo Trump. Mira, tú ... tengo que ver. No, no voy a decir simplemente que sí. No voy a decir que no".

¿Cómo decidirá cuando llegue el momento? Trump ha respondido eso, de hecho. En un mitin en Delaware, Ohio, en los últimos días de la campaña de 2016, comenzó su actuación con una señal de noticias de última hora. “Damas y caballeros, hoy quiero hacer un gran anuncio. Me gustaría prometer y prometer a todos mis votantes y simpatizantes y a todo el pueblo de los Estados Unidos, que aceptaré totalmente los resultados de esta gran e histórica elección presidencial ”. Hizo una pausa, luego hizo tres movimientos bruscos de su dedo índice para puntuar las siguientes palabras: "¡Si ... yo ... gano!" Sólo entonces estiró los labios en un simulacro de sonrisa.

La pregunta no es estrictamente hipotética. El respeto de Trump por las urnas ya ha sido probado. En 2016, con la presidencia en la mano, habiendo ganado el Colegio Electoral, Trump rechazó, tajantemente, los recuentos certificados que mostraban que había perdido el voto popular por un margen de 2.868.692. Afirmó, sin fundamento, pero no por casualidad, que al menos 3 millones de inmigrantes indocumentados habían emitido votos fraudulentos por Hillary Clinton.

Todo lo cual quiere decir que no existe una versión del Interregno en la que Trump felicite a Biden por su victoria. Él nos lo ha dicho. "La única forma en que pueden quitarnos esta elección es si se trata de una elección arreglada", dijo Trump en la Convención Nacional Republicana del 24 de agosto. A menos que obtenga una victoria de buena fe en el Colegio Electoral, la negativa de Trump a ceder con la mera negación de la derrota, tendrá efectos en cascada.

El ritual que marca el final de una elección tomó su forma contemporánea en 1896. El jueves por la noche después del cierre de las urnas ese año, noticias no deseadas llegaron al candidato presidencial demócrata, William Jennings Bryan. Un despacho del senador James K. Jones, presidente del Comité Nacional Demócrata, le informó que "se sabía lo suficiente para asegurar mi derrota", recordó Bryan en sus memorias.

Escribió un telegrama a su oponente republicano, William McKinley. “El senador Jones acaba de informarme que los recuentos indican su elección y me apresuro a extenderle mis felicitaciones”, escribió Bryan. "Hemos presentado el tema al pueblo estadounidense y su voluntad es la ley".

Después de Bryan, la concesión se convirtió en un deber cívico, realizado por telegrama o por una llamada telefónica y luego por un discurso público. Al Smith llevó el discurso de concesión a la radio en 1928 y poco después migró a la televisión.

Como otros rituales, las concesiones desarrollaron una liturgia. El candidato derrotado sale primero. Agradece a los partidarios, declara que su causa seguirá viva y reconoce que la otra parte ha prevalecido. El vencedor comienza sus propios comentarios honrando la rendición.

Las concesiones emplean una forma de palabras que los lingüistas llaman discurso performativo. Las palabras no describen ni anuncian un acto; las palabras mismas son el acto. “El discurso de concesión, entonces, no es, simplemente, un informe del resultado de una elección o una admisión de derrota”, ha escrito el politólogo Paul E. Corcoran. "Es una promulgación constitutiva de la autoridad del nuevo presidente".

En la guerra real, no en la política, la concesión es opcional. El bando ganador puede tomar por la fuerza lo que el bando perdedor se niega a entregar. Si la parte más débil no pide la paz, sus murallas pueden romperse, su cuartel general arrasado y sus líderes llevados cautivos o ejecutados. Hay lugares en el mundo donde el combate político todavía termina así, pero aquí no. Por lo tanto, la concesión del perdedor es difícil de reemplazar.

Considere las elecciones de 2000, que pueden parecer a primera vista demostrar lo contrario. Al Gore le concedió a George W. Bush la noche de las elecciones, luego retiró su concesión y libró una batalla de recuento en Florida hasta que la Corte Suprema la cerró. Se dice, comúnmente, que la decisión 5-4 del Tribunal decidió la contienda, pero eso no es del todo correcto.

La Corte dictó su fallo en Bush vs. Gore el 12 de diciembre, seis días antes de que se reuniera el Colegio Electoral y semanas antes de que el Congreso certificara los resultados. Incluso con el escrutinio suspendido en Florida, Gore tenía los medios constitucionales para seguir luchando y algunos asesores lo instaron a hacerlo. Si hubiera llevado la disputa al Congreso, habría ocupado un lugar destacado como presidente del Senado.

No fue hasta que Gore se dirigió a la nación el 13 de diciembre, el día después de la decisión de la Corte, que la contienda terminó realmente. Hablando como un hombre con munición sin gastar, Gore bajó los brazos. “Acepto este resultado, que será ratificado el próximo lunes en el Colegio Electoral”, dijo. “Y esta noche, por el bien de nuestra unidad como pueblo y la fuerza de nuestra democracia, ofrezco mi concesión”.

No tenemos ningún precedente o procedimiento para poner fin a esta elección si Biden parece llevar el Colegio Electoral, pero si Trump se niega a ceder. Tendremos que inventar uno.

Trump es, según algunas medidas, un autoritario débil. Tiene la boca pero no el músculo para trabajar su voluntad con seguridad. Trump denunció al fiscal especial Robert Mueller, pero no pudo despedirlo. Acusó a sus enemigos de traición, pero no pudo encarcelarlos. Ha doblegado a la burocracia y ha violado la ley, pero no se ha liberado por completo de sus restricciones.

Un verdadero déspota no se arriesgaría a sufrir los inconvenientes de perder una elección. Arreglaría su victoria de antemano, evitando la necesidad de revertir un resultado incorrecto. Trump no puede hacer eso.

Pero no es impotente para sesgar los procedimientos, primero el día de las elecciones y luego durante el Interregno. Podría interrumpir el recuento de votos donde va mal y, si eso no funciona, tratar de evitarlo por completo. El día de las elecciones, Trump y sus aliados pueden comenzar suprimiendo el voto de Biden.

Tampoco hay verdad en hablar sobre este punto: Trump no quiere que los negros voten. (Lo dijo en 2017, nada menos que en el Día de Martin Luther King, a un grupo de derechos de voto cofundado por King, según una grabación filtrada a “Politico”). No quiere que voten los jóvenes ni los pobres. Cree, con razón, que es menos probable que gane la reelección si la participación es alta en las urnas. Este no es un fenómeno de “ambos lados”. En la política actual, tenemos un partido que, constantemente, busca la ventaja de privar a los seguidores del otro partido del derecho al voto.

Hace poco menos de un año, Justin Clark dio una charla a puertas cerradas en Wisconsin a una audiencia selecta de abogados republicanos. Pensó que estaba hablando en privado, pero alguien había traído un dispositivo de grabación. Tenía mucho que decir sobre las operaciones del día de las elecciones, o "EDO".

En ese momento, Clark era un teniente principal de la campaña de reelección de Trump; en julio, fue ascendido a subdirector de campaña. "Wisconsin es el Estado que va a inclinarse de una manera u otra... Por lo que hace que EDO sea, realmente, realmente, realmente importante", dijo. Expresó la misión sin rodeos: “Tradicionalmente, los republicanos siempre han suprimido los votos... Los votantes [demócratas] están todos en una parte del Estado, así que comencemos a jugar a la ofensiva un poco. Y eso es lo que vas a ver en 2020. Eso es lo que será marcadamente diferente. Va a ser un programa mucho más grande, un programa mucho más agresivo, un programa mucho mejor financiado y necesitaremos toda la ayuda que podamos obtener". (Clark afirmó más tarde que sus comentarios se habían malinterpretado, pero su explicación no tenía sentido en el contexto).

De todas las señales favorables para las operaciones del día de las elecciones de Trump, explicó Clark, "lo primero y más importante es que el decreto de consentimiento se ha ido". Se refería a una orden judicial que prohíbe a los agentes republicanos utilizar cualquiera de una larga lista de técnicas de intimidación y purga de votantes. El vencimiento de esa orden fue un "enorme, enorme, enorme, enorme negocio", dijo Clark.

Su audiencia de abogados sabía lo que quería decir. Las elecciones presidenciales de 2020 serán las primeras en 40 años que se llevarán a cabo sin que un juez federal requiera que el Comité Nacional Republicano busque la aprobación, por adelantado, para cualquier operación de “seguridad de la boleta electoral” en las urnas. En 2018, un juez federal permitió que expirara el decreto de consentimiento y dictaminó que los demandantes no tenían pruebas de violaciones recientes por parte de los republicanos. El decreto de consentimiento, según esta lógica, no era necesario, porque funcionaba.

La orden tuvo su origen en las elecciones para gobernador de Nueva Jersey de 1981. Según la opinión de la corte de distrito en el Comité Nacional Demócrata vs. Comité Nacional Republicano, el RNC  (2) trató, supuestamente, de intimidar a los votantes contratando agentes de la ley fuera de servicio como miembros del “Grupo de Trabajo Nacional de Seguridad en las Boletas Electorales”, algunos de ellos armados y portando radios waky toky. Según los demandantes, detuvieron e interrogaron a los votantes en los vecindarios minoritarios, impidieron que los votantes ingresaran a las urnas, restringieron por la fuerza a los trabajadores electorales, desafiaron la elegibilidad de las personas para votar, advirtieron sobre cargos criminales por emitir un voto ilegal y, en general, hicieron todo lo posible para asustar a los votantes antes de que llegaran a las urnas. El poder de estos métodos se basaba en temores, bien fundados, entre las personas de color sobre el contacto con la policía.

Este año, con un juez que ya no está mirando, los republicanos están reclutando 50.000 voluntarios en 15 Estados en disputa para monitorear los lugares de votación y desafiar a los votantes que consideren sospechosos. Trump llamó a “Fox News” el 20 de agosto para decirle a Sean Hannity, "Vamos a tener alguaciles y vamos a tener fuerzas del orden y vamos a tener, con suerte, fiscales de los EEUU para vigilar de cerca el centro.” Por primera vez en décadas, según Clark, los republicanos son libres de combatir el fraude electoral en "lugares dirigidos por demócratas".

Pero la cruzada de Trump contra la votación por correo es una expresión, estratégicamente, sólida de su plan para el Interregno.

El fraude electoral es una amenaza ficticia para el resultado de las elecciones, un pretexto que utilizan los republicanos para frustrar o descartar los votos de posibles oponentes. Un informe autorizado del Brennan Center for Justice, un grupo de expertos no partidista, calculó la tasa de fraude electoral en tres elecciones entre 0,0003 y 0,0025%. Otra investigación, de Justin Levitt de la Facultad de Derecho de Loyola, arrojó 31 acusaciones creíbles de suplantación de votantes entre más de mil millones de votos emitidos en los Estados Unidos entre 2000 y 2014. Los jueces en casos de derecho al voto han hecho hallazgos de hecho comparables.

No obstante, los republicanos y sus aliados han litigado decenas de casos en nombre de la prevención del fraude en las elecciones de este año. Estado por Estado, han buscado, con cierto éxito, purgar las listas de votantes, endurecer las reglas sobre los votos provisionales, mantener los requisitos de identificación de votantes, prohibir el uso de urnas, reducir la elegibilidad para votar por correo, descartar las boletas por correo con fallas técnicas y prohibir el recuento de boletas que tienen matasellos del día de las elecciones pero que llegan después. La intención y el efecto es tirar los votos en grandes cantidades.

Estas maniobras legales están extraídas de un viejo manual de jugadas republicano. Lo que es diferente durante este ciclo, además de la ferocidad de los esfuerzos, es el enfoque en la votación por correo. El presidente ha montado un ataque implacable contra la votación postal en el momento exacto en que la pandemia de coronavirus está impulsando a decenas de millones de votantes a abrazarla.

La elección presidencial de este año verá la votación por correo en una escala como nunca antes vista; algunos Estados anticipan un aumento de diez veces en la votación por correo. Una encuesta de 50 Estados realizada por “The Washington Post” encontró que 198 millones de votantes elegibles o al menos el 84 por ciento de ellos, tendrán la opción de votar por correo.

Trump ha denunciado la votación por correo a menudo y con urgencia, ventilando pesadillas fantásticas. Un día tuiteó, “la votación por correo conducirá a fraudes y abusos masivos. También conducirá al fin de nuestro gran partido republicano. Nunca podremos permitir que esta tragedia le ocurra a nuestra nación”. Otro día señaló un escenario imaginario —y fácilmente desacreditado— de falsificación desde el extranjero: “elecciones de 2020 manipuladas: millones de boletas por correo serán impresas por países extranjeros y otros. Será el escándalo de nuestro tiempo! "

A finales del verano, Trump declamaba en contra de la votación por correo un promedio de casi cuatro veces al día, un ritmo que había reservado en el pasado para peligros existenciales como el juicio político y la investigación de Mueller: "Muy peligroso para nuestro país". "Una catástrofe." "La elección manipulada más grande de la historia".

El verano, también, trajo informes de que el Servicio Postal de los Estados Unidos, la agencia más popular del gobierno, fue asediado desde adentro por Louis DeJoy, el nuevo director general de correos de Trump y un importante donante republicano. Los recortes de servicios, la reestructuración de la alta dirección y los cambios operativos caóticos producirán grandes retrasos. En una instalación de clasificación, informó “Los Angeles Times”, "los trabajadores se retrasaron tanto en el procesamiento de paquetes que a principios de agosto, mosquitos y roedores pululaban alrededor de contenedores de fruta y carne podrida y los pollitos estaban muertos dentro de sus cajas".

En nombre de la eficiencia, el Servicio Postal comenzó a desmantelar el 10 por ciento de sus máquinas clasificadoras de correo. Luego llegó la noticia de que el servicio ya no trataría las boletas como correo de primera clase a menos que algunos Estados casi triplicaron el franqueo que pagaban, de 20 a 55 centavos el sobre. DeJoy negó cualquier intento de retrasar la votación por correo y el Servicio Postal retiró el plan bajo el fuego de los críticos.

Si había dudas sobre la posición de Trump sobre estos cambios, las resolvió en una conferencia de prensa el 12 de agosto. Los demócratas estaban negociando un aumento de U$ 25 mil millones en fondos postales y $ 3,6 mil millones adicionales en asistencia electoral para los Estados. “No tienen el dinero para hacer la votación universal por correo. Por lo tanto, supongo que no pueden hacerlo ”, dijo Trump. "Es muy simple. ¿Cómo lo van a hacer si no tienen el dinero para hacerla? "

¿Quiénes somos para hacer todo esto?

En parte, la hostilidad de Trump a votar por correo es un reflejo de su creencia de que más votaciones son malas para él, en general. Los demócratas, dijo en “Fox & Friends”, a fines de marzo, quieren "niveles de votación que, si alguna vez lo aceptas, nunca volverás a tener un republicano elegido en este país".

Pero la cruzada de Trump contra la votación por correo es una expresión, estratégicamente, sólida de su plan para el Interregno. El presidente, en realidad, no está tratando de evitar por completo la votación por correo, lo cual no tiene medios para hacer. Está desacreditando la práctica y privándola de recursos, indicando a sus partidarios que voten en persona y preparando el terreno para los planes posteriores a la noche de las elecciones para impugnar los resultados. Es la estrategia de un hombre que espera ser superado en votos y tiene la intención de obstaculizar el conteo.

Votar por correo no favorece a ninguna de las partes “durante tiempos normales”, según un equipo de investigadores de Stanford, pero esa frase funciona mucho. Sus hallazgos, que fueron publicados en junio, no tomaron en cuenta a un presidente cuyas palabras por sí solas podrían producir un sesgo partidista. Las predicciones sistemáticas de fraude de Trump parecen haber tenido un efecto poderoso en las intenciones de voto de los republicanos. En Georgia, por ejemplo, una encuesta de la Universidad de Monmouth a fines de julio encontró que el 60% de los demócratas, pero que solo el 28% de los republicanos, probablemente, votarían por correo. En los estados de Pensilvania y de Carolina del Norte, que son campos de batalla, cientos de miles de demócratas más que republicanos han solicitado boletas por correo.

Trump, en otras palabras, ha creado un poder para distinguir al amigo del enemigo. Los abogados republicanos de todo el país encontrarán esto útil al luchar por sus cargos. Siguiendo los números, pueden tratar a las boletas emitidas por correo como hostiles, al igual que las emitidas en persona por los votantes urbanos y universitarios. Esas son las que se disputarán.

El espacio de batalla del Interregno, si las tendencias son ciertas, será moldeado por un fenómeno conocido como el "cambio azul".(3)

Edward Foley, profesor de derecho constitucional del Estado de Ohio y especialista en derecho electoral, fue pionero en la investigación del cambio azul. Encontró un patrón que antes no se había observado en el recuento de tiempo adicional: el escrutinio de después de la noche de las elecciones y que cuenta los recintos que informaron tardíamente, los votos ausentes no procesados ​​y las boletas provisionales emitidas por votantes cuya elegibilidad necesitaba ser confirmada. Durante la mayor parte de la historia estadounidense, el recuento de tiempo adicional no produjo un efecto partidista predecible. En cualquier año electoral, algunos Estados cambiaron al rojo en el escrutinio después del día de las elecciones y algunos cambiaron al azul; pero los cambios rara vez fueron lo suficientemente grandes como para importar.

Dos cosas empezaron a cambiar hace unos 20 años. El recuento de tiempo adicional aumentó y la tendencia fue cada vez más azul. En un artículo actualizado este año, Foley y su coautor, Charles Stewart III del MIT, dijeron que no podían explicar completamente por qué el cambio favorece a los demócratas. (Algunos factores: los retornos urbanos tardan más en contarse y la mayoría de las boletas provisionales son emitidas por votantes jóvenes, de bajos ingresos o móviles, que se inclinan hacia el azul). Durante el tiempo adicional  en 2012, Barack Obama fortaleció sus márgenes de ganancia en Estados indecisos como Florida (con un aumento neto de 27.281 votos), Michigan (60.695), Ohio (65.459) y Pensilvania (26.146). Obama habría ganado la presidencia de todos modos, pero cambios de esa magnitud podrían haber cambiado los resultados de muchas contiendas más cercanas. Hillary Clinton obtuvo decenas de miles de votos en tiempo adicional en 2016, pero no lo suficiente para salvarla.

El cambio azul aún tiene que decidir una elección presidencial, pero dio un vuelco a la carrera por el Senado de Arizona en 2018. La republicana Martha McSally parecía tener la victoria en sus manos con una ventaja de 15.403 votos el día después de las elecciones. El escrutinio en los días siguientes llevó a la demócrata Kyrsten Sinema al Senado con “una ganancia gigantesca de 71.303 votos en tiempo adicional”, escribió Foley.

Sin embargo, fue Florida lo que llamó la atención de Trump ese año. En la noche de las elecciones, los republicanos lideraban contiendas reñidas para gobernador y para senador. Cuando entró en vigor el cambio azul, Ron DeSantis vio cómo su ventaja se reducía en 18.416 votos en la carrera por la gobernación. El margen del Senado de Rick Scott se redujo en 20.231. Temprano en la mañana del 12 de noviembre, seis días después del día de las elecciones, Trump había visto suficiente. “Las elecciones de Florida deberían ser convocadas a favor de Rick Scott y Ron DeSantis, ya que aparecieron un gran número de boletas nuevas de la nada y muchas boletas faltan o son falsas”, tuiteó sin fundamento. “Ya no es posible un recuento de votos honesto, las boletas se infectaron masivamente. ¡Debe hacerse con los resultados de la noche de elecciones!"

Trump estaba lo, suficientemente, asustado por el cambio azul en la elección de otra persona como para fabricar acusaciones de fraude. En esta elección, cuando su propio nombre esté en la boleta, el cambio de azul podría ser el más grande jamás observado. Los votos por correo requieren más tiempo para contarse incluso en un año normal y este año habrá decenas de millones más que en cualquier elección anterior. Muchos Estados prohíben el procesamiento de las boletas electorales que llegan antes del día de las elecciones; algunos permiten que se cuenten las papeletas que llegan tarde.

"Cualquier escenario que se le ocurra no será tan extraño como la realidad", dijo el asesor legal de Trump.

El instinto de Trump como espectador en 2018, para detener el conteo, parece más una estrategia este año. "Hay resultados que llegan en la noche de las elecciones", me dijo un asesor legal de la campaña nacional de Trump, que no estuvo de acuerdo en ser citado por su nombre. “Hay una expectativa en el país de que habrá ganadores y perdedores convocados. Si los resultados de la noche de las elecciones cambian debido al recuento de las boletas  después del día de las elecciones, tiene los ingredientes básicos para una tormenta de mierda".

No hay un "si" condicional al respecto, dijo. La cuenta está destinada a cambiar. "Sí", estuvo de acuerdo el asesor y el escrutinio producirá más votos para Biden que para Trump. Los demócratas insistirán en prolongar el escrutinio todo el tiempo que sea necesario para contar cada voto. El conflicto resultante, dijo el asesor, estará en sus cabezas.

“Lo están pidiendo”, dijo. "Están tratando de maximizar su participación electoral y creen que eso no tiene inconvenientes". Añadió: "Habrá un recuento en la noche de las elecciones, ese recuento cambiará con el tiempo y los resultados cuando se dé el recuento final serán cuestionados como inexactos, fraudulentos, elija Ud. la palabra".

Algunos analistas electorales, también, consideran que, en el peor de los casos, se tratará de un recuento ordenado, como el escenario más probable, en el que Trump saltará adelante en la noche de las elecciones, en función de sus declaraciones personales. Pero, creen que su ventaja, lentamente, dará paso a una victoria de Biden; ya que los votos por correo se irán contabilizado. Josh Mendelsohn, director ejecutivo de la consultora demócrata de modelos de datos, Hawkfish, llama a este escenario "el espejismo rojo". La turbulencia de ese intervalo, alimentada por las protestas callejeras, las redes sociales y las desesperadas luchas de Trump por mantener su liderazgo, se puede imaginar. "Cualquier escenario que se le ocurra no será tan extraño como la realidad", dijo el asesor legal de Trump.

Los abogados electorales hablan de un “margen de litigio” en contiendas reñidas. Cuanto más estricto sea el recuento en los primeros informes y cuantos más votos queden por contar, mayor será el incentivo para luchar en los tribunales. Si existiera la Oración del Administrador Electoral, como algunos de ellos dicen, medio en broma, diría: "Dios, que haya un alud de votos".

¿Podría un alud de votos evitarnos un conflicto en el Interregno? En teoría, sí. Pero las probabilidades no son prometedoras.

Es difícil imaginar una ventaja de Trump tan inmensa en la noche de las elecciones que lo ponga fuera del alcance de Biden. A menos que los Estados indecisos logren contar la mayoría de sus boletas por correo esa noche, lo que será casi imposible para algunos de ellos, la expectativa de un cambio azul mantendrá a Biden luchando. Una ventaja realmente grande de Biden en la noche de las elecciones; por otro lado, podría dejar a Trump sin esperanzas plausibles de ponerse al día. Si esto sucede, es posible que lo veamos primero en Florida. Pero este escenario es, terriblemente, optimista para Biden, considerando la ventaja del Partido Republicano entre los que votarán en forma personal y, en cualquier caso, Trump no admitirá la derrota. A estas alturas del Interregno, tendrá opciones prácticas para mantener viva la elección.

Ambas partes se están preparando para un torrente de amparos de emergencia en los tribunales estatales y federales. Ya han estado luchando, de juzgado en juzgado, durante todo el año en más de 40 Estados y el día de las elecciones comenzará la fase culminante del combate legal.

Las boletas por correo tendrán muchos defectos que los abogados de Trump deben aprovechar. Votar por correo es más complicado que votar en persona y los errores técnicos son comunes en cada paso. Si los votantes proporcionan una nueva dirección o si escriben una versión diferente de su nombre (por ejemplo, acortando Benjamin a Ben) o si su firma ha cambiado a lo largo de los años o si escriben su nombre en la línea de la firma o si no sellan la boleta dentro de el sobre de seguridad interior, es posible que sus votos no cuenten. Con la votación en persona, un trabajador electoral en el recinto puede resolver pequeños errores como estos, por ejemplo, dirigiendo a un votante a la línea de firma correcta, pero las personas que votan por correo pueden no tener la oportunidad de ser abordarlos.

Durante las primarias de esta primavera, los abogados republicanos hicieron pruebas para la votación de noviembre en las oficinas electorales de los condados de todo el país. Un memorándum  interno preparado por un abogado llamado J. Matthew Wolfe para el Partido Republicano de Pennsylvania, en junio, informó sobre uno de esos ejercicios. Wolfe, junto con otro abogado republicano y un miembro de la campaña de Trump, observó de cerca, pero no intervino, mientras los comisionados electorales en Filadelfia sondearon los votos provisionales por correo. Wolfe catalogó las imperfecciones, tomando nota de las objeciones que su partido podría haber planteado.

Faltaban firmas y firmas parciales y firmas colocadas en el lugar equivocado. Había nombres en los sobres de seguridad internos, que se suponía que no deben estar marcados y boletas sin ningún sobre de seguridad. Algunos sobres llegaron “sin sellos o con sellos ilegibles”, escribió Wolfe. Esté atento a que los sellos se conviertan en los “hanging chads” de 2020 (4). Algunos votantes escribieron su fecha de nacimiento donde debía ir la fecha de la firma y ​​otros anotaron "una fecha imposible, como una fecha posterior a las elecciones primarias".

Algunas de las decisiones de los comisionados "fueron claras violaciones de la dirección y el lenguaje del código electoral", escribió Wolfe. Recomendó que: “alguien relacionado con el partido revisara cada solicitud y cada sobre de boleta por correo” en noviembre. Ese es exactamente el plan.

Los equipos legales de ambos lados están planeando un litigio simultáneo, en la escala de Florida durante las elecciones de 2000, en múltiples Estados disputados. “Mi dinero estaría en Texas, Georgia y Florida” por ser puntos conflictivos, me dijo Myrna Pérez, directora de derechos electorales y elecciones en el Brennan Center.

Hay un sinfín de sucesos que en cualquier elección los abogados pueden aprovechar. En el condado de Montgomery, Pensilvania, no lejos del experimento de Wolfe en Filadelfia, el comité republicano del condado reunió fotografías de vigilancia de sucesos, supuestamente, sospechosos en una urna durante las primarias. En una secuencia, se describe a un empleado del condado colocando "boletas no seguras" en el maletero de un automóvil. En otro, se dice que un guardia de seguridad está "desconectando el generador que suministra energía a las cámaras de seguridad". Las fotos podrían significar cualquier cosa, es imposible saberlo, fuera de contexto, pero son exactamente el tipo de evidencia falsa que, seguramente, se volverá viral en los primeros días del Interregno.

El combate electoral no se limitará a la sala de audiencias. Los jueces electorales locales pueden esperar ser nombrados y ridiculizados como agentes de George Soros o antifa. Multitudes agresivas de autoproclamados guardianes de la boleta electoral estarán ansiosos por recrear el "motín de los Brooks Brothers" (5) del recuento de Bush vs. Gore en Florida, cuando los manifestantes pagados por la campaña de Bush organizaron una protesta violenta que impidió, físicamente,  a los fiscales electorales completar un recuento en Miami. 

Cosas como esta ya han sucedido, aunque a menor escala de lo que podemos esperar en noviembre. Con Trump también debemos preguntarnos: ¿Qué podría hacer un gobernante despiadado que nunca antes se haya intentado?

Supongamos que las caravanas de partidarios de Trump, adornadas con accesorios de la Segunda Enmienda, convergen en los lugares de votación de las grandes ciudades el día de las elecciones. Han venido, dicen, a investigar informes en las redes sociales sobre fraude electoral. Llegan los contramanifestantes, estallan peleas a puñetazos, se hacen disparos y los votantes huyen o no pueden llegar a las urnas.

Entonces suponga que el presidente declara una emergencia. El personal federal en uniforme de combate, preparado cerca de antemano, se mueve para restaurar la ley y el orden y asegurar la votación. En medio de enfrentamientos en curso, se quedan para monitorear el escrutinio. Cierran las calles que conducen a las urnas. Toman la custodia de las boletas no contadas para preservar la evidencia de fraude.

"El presidente no puede cancelar las elecciones, pero ¿qué pasa si dice: 'Estamos en una emergencia y cerraremos esta área por un período de tiempo debido a la violencia que está ocurriendo'?" dice Norm Ornstein del American Enterprise Institute. Si estás en el bando de Trump y haces caso omiso de los límites, dijo, "lo que esperaría es que no vas a hacer una o dos de estas cosas; harás tantas como puedas".

Hay variaciones de la pesadilla. Los lugares de intervención podrían ser las oficinas de correos. Lo predicado podría ser un informe de inteligencia falso sobre boletas  truchas enviadas desde China.

Esto es especulación, por supuesto. Pero ninguno de estos escenarios está muy alejado de las cosas que el presidente ya hizo o amenazó con hacer. Trump envió a la Guardia Nacional a Washington, D.C. y envió a las fuerzas del Departamento de Seguridad Nacional a Portland, Oregon y a Seattle durante las protestas de verano por la justicia racial, con el pretexto de proteger a los edificios federales. Dijo que podría invocar la Ley de Insurrección de 1807 y "desplegar al ejército de los Estados Unidos" en "ciudades gobernadas por demócratas" para proteger "la vida y la propiedad". El gobierno federal tiene pocas bases para interceder durante las elecciones y que se rigen, en gran medida, por la ley estatal y son administradas por unas 10.500 jurisdicciones locales, pero nadie que esté familiarizado con la visión del poder presidencial del fiscal general Bill Barr debería dudar de que no pueda encontrar la autoridad para Trump.

Cada día que pasa después del 3 de noviembre, el presidente y sus aliados pueden transmitir el mensaje de que el recuento electoral ha terminado y que los demócratas se niegan a honrar los resultados. Trump ya ha estado azotando a este caballo durante meses. En julio, tuiteó: "Deben conocerse los resultados de las elecciones la noche de las elecciones, no días, meses o incluso años después".

¿Importa lo que diga Trump? Es tentador comparar el recuento de votos con el puntaje de un evento deportivo. El entrenador perdedor puede sentir dolor de estómago todo lo que quiera, pero cuando el árbitro toma la decisión, el juego termina. Una cosa importante que hay que saber sobre el Interregno es que no hay un árbitro, ninguna autoridad singular que pueda decidir el combate y darlo por finalizado. Hay una serie de oficiantes menores, cada uno confinado en una jurisdicción y enredado en reglas oscuras.

La estrategia de Trump para esta fase del Interregno será tanto un juego de tiempo como un intento concertado de aplastar el recuento y descalificar a los votos de Biden. Los tribunales pueden eventualmente intervenir. Pero para entonces, es posible que el foco de la decisión ya se haya trasladado a otra parte.

El interregno asigna 35 días para que se resuelva el recuento y las demandas correspondientes. El día 36, ​​el 8 de diciembre, se llega una fecha límite importante.

En esta etapa, la tabulación real de la votación se vuelve menos importante para el resultado. Parece que no puede ser correcto, pero lo es: los combatientes, especialmente Trump, ahora centrarán su atención en el nombramiento de los electores presidenciales.

El 8 de diciembre se conoce como la fecha límite de “puerto seguro” para designar a los 538 hombres y mujeres que integran el Colegio Electoral. Los electores no se reúnen hasta seis días después, el 14 de diciembre, pero cada Estado debe nombrarlos antes de la fecha de puerto seguro para garantizar que el Congreso acepte sus credenciales. El estatuto de control dice que si "alguna controversia o contienda" persiste después de eso, entonces, el Congreso decidirá qué electores, si los hay, pueden emitir los votos del Estado para presidente.

Estamos acostumbrados a elegir a los electores por voto popular, pero nada en la Constitución dice que tenga que ser así. El artículo II dispone que cada Estado nombrará electores "en la forma que la Legislatura del mismo pueda ordenar". Desde finales del siglo XIX, todos los Estados han cedido la decisión a sus votantes. Aun así, la Corte Suprema afirmó en Bush vs. Gore que un Estado "puede recuperar el poder de nombrar electores". Cómo y cuándo un Estado podría hacerlo no se ha probado durante más de un siglo.

Trump puede probar esto. Según fuentes del Partido Republicano a nivel estatal y nacional, la campaña de Trump está discutiendo planes de contingencia para eludir los resultados electorales y nombrar electores leales en Estados disputados donde los republicanos tienen la mayoría legislativa. Con una justificación basada en acusaciones de fraude desenfrenado, Trump pediría a los legisladores estatales que dejen de lado el voto popular y que ejerzan su poder para elegir directamente una lista de electores. Cuanto más tiempo logre Trump mantener en duda el recuento de votos, más presión sentirán los legisladores para actuar antes de que expire el plazo de puerto seguro.

Para una sensibilidad democrática moderna, descartar el voto popular para obtener ganancias partidistas parece incómodamente un golpe, sea cual sea la licencia que se pueda encontrar en la ley. ¿Los republicanos encontrarían esa posición lo suficientemente inquietante como para resistir? ¿Cederían las elecciones antes de recurrir a semejante estratagema? La base de Trump cobraría un alto precio por esa traición y en este punto los funcionarios del partido estarían envueltos  en una narrativa de fraude.

El asesor legal de la campaña de Trump con el que hablé me ​​dijo que el impulso para nombrar electores se enmarcaría en términos de proteger la voluntad del pueblo. Una vez comprometidos con la posición de que se ha manipulado el recuento de tiempo suplementario, dijo el asesor, los legisladores estatales querrán juzgar por sí mismos qué pretendían los votantes.

“Las legislaturas estatales dirán, 'Está bien, se nos ha dado este poder constitucional. No creemos que los resultados de nuestro propio Estado sean precisos, así que aquí está nuestra lista de electores que creemos que reflejan adecuadamente los resultados de nuestro Estado", dijo el asesor. Los demócratas, agregó, se han expuesto a esta estratagema al crear las condiciones para un tiempo suplementario.

“Si tiene esta idea”, dijo el asesor, “que las boletas pueden llegar durante no sé cuántos días, en algunos Estados una semana, 10 días, entonces esa avalancha de boletas, simplemente, se retrasa, retrocede y se retrasa. Así que elige tu veneno. ¿Es peor que los legisladores nombren a los electores o que los votos se reciban antes del día de las elecciones? ”.

Cuando “The Atlantic” le preguntó a la campaña de Trump sobre los planes para eludir el voto y nombrar a electores leales y sobre otras estrategias discutidas en el artículo, el subsecretario de prensa nacional no abordó, directamente, las preguntas. "Es indignante que el presidente Trump y su equipo estén siendo villanos por defender el estado de derecho y luchar de manera transparente por unas elecciones libres y justas", dijo Thea McDonald en un correo electrónico. "Los principales medios de comunicación están dando a los demócratas un pase libre para sus intentos de desarraigar completamente el sistema y llevar nuestras elecciones al caos". Trump está luchando por una elección confiable, escribió, "y cualquier argumento que diga otra cosa  es una teoría de la conspiración destinada a enturbiar las aguas".

En Pensilvania, tres líderes republicanos me dijeron que ya habían discutido el nombramiento directo de electores entre ellos y uno dijo que lo había discutido con la campaña nacional de Trump.

"Se lo he mencionado y espero que, también, lo estén pensando", me dijo Lawrence Tabas, presidente del Partido Republicano de Pensilvania. “Simplemente no creo que este sea el momento adecuado para discutir esas estrategias y enfoques, pero (el nombramiento directo de los electores) es una de las opciones. Es una de las opciones legales disponibles establecidas en la Constitución”. Agregó que la preferencia de todos es obtener un conteo rápido y preciso. "Sin embargo, si el proceso tiene fallas y fallas importantes, nuestro público puede perder la fe y la confianza" en la integridad de la elección.

Jake Corman, el líder de la mayoría del Senado del Estado, prefirió cambiar de tema, enfatizando que esperaba que un recuento limpio de votos produjera un resultado  final en la noche de las elecciones. “Cuanto más dura, más opiniones y más teorías y más conspiraciones [se] crean”, me dijo. Si la controversia persiste a medida que se acerca la fecha de puerto seguro, admitió, la legislatura no tendrá más remedio que nombrar electores. "No queremos seguir ese camino, pero entendemos a dónde nos lleva la ley y la seguiremos".

Los republicanos controlan ambas cámaras legislativas en los seis Estados más disputados. De ellos, Arizona y Florida, también, tienen gobernadores republicanos. En Michigan, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin, los gobernadores son demócratas.

Foley, el estudioso de las elecciones del Estado de Ohio, ha mapeado los efectos dominó si los legisladores republicanos nombraran a los electores de Trump desafiando el voto en Estados como Pensilvania y Michigan. Los gobernadores demócratas responderían certificando el recuento oficial, un ejercicio rutinario de su autoridad, y argumentarían que los legisladores no podían elegir legítimamente a diferentes electores después de la votación. Sus "certificados de verificación", enviados a los Archivos Nacionales, dirían que sus Estados habían designado electores comprometidos con Biden. Cada grupo de electores en competencia tendría el imprimatur de una rama del gobierno estatal.

En Arizona, la Secretaria de Estado Katie Hobbs, que supervisa las elecciones, es demócrata. Ella podría hacer valer su propio poder para certificar los resultados de la votación y enviar una lista de electores de Biden. Incluso en Florida, que ha unificado el gobierno republicano, los electores que se comprometieron con Biden podrían reunirse y certificar sus propios votos con la esperanza de desencadenar una "controversia o contienda" que dejaría el resultado de su estado al Congreso. Casi lo mismo sucedió durante la batalla por el recuento de Florida en 2000. El gobernador republicano Jeb Bush certificó a los electores de su hermano, George W. Bush, el 26 de noviembre de ese año, mientras el litigio por el recuento aún estaba en curso. El principal abogado de Gore, Ronald Klain, respondió reservando una habitación en el antiguo edificio del capitolio de Florida para que los electores demócratas emitieran votos por Gore. Solo la concesión de Gore, cinco días antes de la votación del Colegio Electoral, pospuso ese plan.

En cualquiera de estos escenarios, el Colegio Electoral se reuniría el 14 de diciembre, sin un consenso, sobre quién tenía reclamos legítimos para emitir los votos decisivos.

Las listas de electores rivales podrían celebrar reuniones de imagen especular en Harrisburg, Lansing, Tallahassee o Phoenix, emitiendo los mismos votos electorales en lados opuestos. Cada lista transmitiría sus boletas, como establece la Constitución, "a la sede del gobierno de los Estados Unidos, dirigidas al presidente del Senado". El próximo movimiento pertenecería al vicepresidente Mike Pence.

Esta sería una auténtica crisis constitucional, la primera, pero no la última del Interregno. “Luego nos lanzamos a un mundo donde cualquier cosa podría suceder”, dice Norm Ornstein.

Dos hombres reclaman la presidencia. Faltan más de tres semanas para la próxima ocasión para resolver el asunto.

El 6 de enero llega justo después de la toma de posesión del nuevo Congreso. El control del Senado será crucial para la presidencia ahora.

Pence, como presidente del Senado, tendría en sus manos a los certificados electorales en conflicto de cada uno de varios Estados indecisos. La Duodécima Enmienda dice solo esto sobre lo que sucederá a continuación: "El Presidente del Senado, en presencia del Senado y la Cámara de Representantes, abrirá todos los certificados y luego se contarán los votos".

Tenga en cuenta la voz pasiva. ¿Quién hace el conteo? ¿Qué certificados se cuentan?

El equipo de Trump tomaría la posición de que el lenguaje constitucional deja esas preguntas al vicepresidente. Esto significa que Pence tiene el poder unilateral de anunciar su propia reelección y un segundo mandato para Trump. Los demócratas y los juristas denunciarían el trato egoísta y señalarían que el Congreso llenó los vacíos de la Duodécima Enmienda con la Ley de Conteo Electoral, que proporciona instrucciones sobre cómo resolver este tipo de disputas. El problema con las instrucciones es que, en palabras de Foley, se las considera "enredadas e impenetrables", "confusas y feas" y "una de las piezas de lenguaje legal más extrañas que haya promulgado el Congreso".

Si el Interregno es una competencia en busca de un árbitro, ahora tiene 535 de ellos y un libro de reglas que nadie está seguro de cómo leer. El oficial que preside es uno de los jugadores en el campo.

Foley ha producido un estudio de 25.000 palabras en el “Loyola University Chicago Law Journal” que traza los caminos que podría tomar la lucha subsiguiente si solo están en juego los votos electorales de un estado.

Si los demócratas recuperan el Senado y mantienen la Cámara, entonces todos los caminos trazados en la Ley de Conteo Electoral conducen, eventualmente, a una presidencia de Biden. Lo contrario se aplica si los republicanos retienen el Senado e inesperadamente recuperan la Cámara. Pero si el Congreso permanece dividido, hay condiciones en las que no es posible un resultado decisivo, ningún resultado que tenga fuerza de ley clara. Cada partido podría citar una lectura plausible de las reglas en las que su candidato ha ganado. No hay votación de desempate.

¿Cómo puede ser que el Congreso caiga en un punto muerto inquebrantable? La ley es un laberinto en estas partes, demasiado intrincada para mapear en un artículo de revista, pero puedo esbozar un camino.

Supongamos que Pennsylvania solo envía listas de electores rivales y sus 20 votos decidirán la presidencia.

Una lectura de la Ley de Conteo Electoral dice que el Congreso debe reconocer a los electores certificados por el gobernador, que es demócrata, a menos que la Cámara y el Senado acuerden lo contrario. La Cámara no acordará lo contrario, por lo que Biden gana Pensilvania y la Casa Blanca. Pero Pence golpea su mazo y falla en contra de esta lectura de la ley, en lugar de favorecer otra, que sostiene que el Congreso debe descartar las dos listas de electores en disputa. El estatuto distorsionado se puede leer de manera plausible de cualquier manera.

Con los electores de Pensilvania descalificados, quedan 518 votos electorales. Si Biden tiene una estrecha ventaja entre ellos, nuevamente, reclama la presidencia, porque tiene "el mayor número de votos", como prescribe la Duodécima Enmienda. Pero los republicanos señalan que la misma enmienda requiere "una mayoría del número total de electores". El número total de electores, según las reglas de Pence, es 538, y Biden está por debajo de los 270 requeridos.

Sobre este argumento, nadie ha alcanzado la presidencia y la decisión se pasa a la Cámara, con un voto por Estado. Si se mantiene el equilibrio partidista actual, 26 de 50 votos serán para Trump.

Antes de que Pence pueda pasar de Pensilvania a Rhode Island, que es el siguiente en la lista alfabética mientras el Congreso cuenta los votos, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, expulsa a todos los senadores del piso de su cámara. Ahora Pence no puede completar el recuento “en presencia” de la Cámara, como exige la Constitución. Pelosi anuncia planes para estancarse indefinidamente. Si el recuento sigue incompleto el día de la inauguración, la propia oradora se convertirá en presidenta interina.

Pelosi se prepara para prestar juramento el 20 de enero a menos que Pence revoque su decisión y acepte que Biden ganó. Pence no se mueve. Vuelve a convocar al Senado en otro lugar, con los republicanos de la Cámara presionando y pretende completar el conteo, convirtiendo a Trump en el presidente electo. Tres personas ahora tienen reclamos sustentables sobre la Oficina Oval.

Hay otros caminos en el laberinto. Muchos conducen a callejones sin salida.

Esta es la próxima crisis constitucional, más grave que las tres de las semanas anteriores, porque la ley y la Constitución no prevén ninguna otra autoridad para consultar. La Corte Suprema aún puede intervenir, pero también puede evitar otro encuentro traumatizante con una cuestión fundamentalmente política.

Han pasado sesenta y cuatro días desde la elección. Reina el estancamiento. Quedan dos semanas para el día de la inauguración.

Foley, que previó este impasse, no conoce ninguna solución. No puede decir cómo lo evitamos bajo la ley actual, o cómo termina. En este punto, no se trata tanto de una cuestión de derecho. Es una cuestión de poder. Trump tiene posesión de la Casa Blanca. ¿Hasta dónde empujará los límites para mantenerse y quién lo rechazará? Es la misma pregunta que se ha hecho el presidente desde el día que asumió el cargo.

Esperaba obtener una idea de una serie de ejercicios realizados este verano por un grupo de ex funcionarios electos, académicos, estrategas políticos y abogados. En cuatro días de simulaciones, el Proyecto de Integridad de la Transición modeló la elección y sus consecuencias en un esfuerzo por encontrar puntos de pivote donde las cosas podrían desmoronarse.

Encontraron mucho. Algunos de los escenarios incluían pizarras de electores en duelo del tipo que he descrito. En una versión, fue el gobernador demócrata de Michigan quien primero recurrió a la designación de electores, después de que Trump ordenó a la Guardia Nacional detener el conteo de votos y una guardia favorable con Trump destruyó las boletas por correo. John Podesta, presidente de campaña de Hillary Clinton en 2016, dirigió a un equipo de Biden en otro escenario que estaba preparado para seguir a Trump hasta el borde de la guerra civil, alentando a tres Estados azules a amenazar con la secesión. La ruptura de normas engendra más  ruptura de normas. La propia Clinton, en una entrevista de agosto para “The Circus de Showtime”, captó el mismo espíritu: "Joe Biden no debería ceder bajo ninguna circunstancia", dijo).

Se ha escrito mucho sobre los procedimientos, incluido un relato de primera mano de mi colega David Frum. Pero la cobertura tenía una brecha desconcertante. Ninguna de las historias explicó, completamente, cómo terminó el concurso. Quería saber quién tomó el juramento del cargo.

Llamé a Rosa Brooks, una profesora de Georgetown que cofundó el proyecto. De manera inquietante, ella no tenía respuestas para mí. Ella no sabía cómo resultó la historia. En la mitad de las simulaciones, los participantes no llegaron al Día de la Inauguración.

“Llegamos a puntos en los escenarios donde había un impasse constitucional, sin medios claros de resolución a la vista, violencia a nivel de la calle”, dijo. "Creo que en uno de ellos teníamos a Trump invocando la Ley de Insurrección y teníamos tropas en las calles... Habían pasado cinco horas y dijimos: 'Está bien, hemos terminado'". Ella agregó: "Una vez que las cosas estuvieron, claramente, fuera de los rieles, no había ningún beneficio particular en ver exactamente qué tan lejos llegarían".

“Nuestro objetivo al hacer esto era tratar de identificar los momentos de intervención, identificar momentos en los que luego podríamos mirar hacia atrás y decir: '¿Qué hubiera cambiado esto? ¿Qué habría evitado que se pusiera tan mal? ", dijo Brooks. El proyecto no avanzó mucho allí. No se aprendieron lecciones sobre cómo contener a un presidente sin ley una vez que se inició un conflicto, ni se idearon movimientos alternativos para evitar el desastre. "Supongo que se podría decir que estábamos en terra incognita: ya nadie podía predecir lo que sucedería", me dijo Brooks en un correo electrónico de seguimiento.

Es posible que el sistema político ya no sea lo suficientemente fuerte para preservar su integridad. Es un error dar por sentado que las juntas electorales, las legislaturas estatales y el Congreso son capaces de trazar líneas que aseguren un voto legítimo y una transferencia ordenada del poder. Es posible que tengamos que encontrar una manera de trazar esas líneas nosotros mismos.

Hay reformas que considerar algún día, cuando no se acerquen las elecciones. Pequeñas, como aclarar las partes turbias de la Ley de Conteo Electoral. Grandes, como acabar con el Colegio Electoral. Los obvios, como la asignación de dinero para ayudar a las autoridades electorales hambrientas de efectivo a mejorar sus operaciones para acelerar y asegurar el conteo el día de las elecciones.

En este momento, lo mejor que podemos hacer es una defensa ad hoc de la democracia. Empezando por rechazar la tentación de pensar que esta elección se desarrollará como suele suceder. Es probable que suceda algo fuera de lo normal. Probablemente más de una cosa. Esperar lo contrario entorpecerá nuestros reflejos. Nos arrullará con la falsa esperanza de que Trump sea dócil a las fuerzas que restringen a los políticos normales.

Si tiene un riesgo relativamente bajo de contraer COVID-19, ofrézcase como voluntario para trabajar en las urnas.

Si es votante, después de todo, piense en votar en persona. Más de medio millón de votos por correo fueron rechazados en las primarias de este año, incluso sin que Trump intentara reprimirlos. Si conoce a personas abiertas a la razón, haga correr la voz de que es normal que los resultados sigan cambiando después de la noche de las elecciones. Si administra la cobertura de las noticias, anticipe medidas extraconstitucionales y coloque a los periodistas y equipos para responder a ellas. Si es un administrador de elecciones, planifique las contingencias que nunca tuvo que imaginar antes. Si es alcalde, considere cómo desplegar su policía para alejar a los intrusos con malas intenciones. Si es un agente del orden público, proteja la libertad de emisión del voto. Si es legislador, elija no participar en artimañas. Si usted es un juez en el tribunal en un Estado disputado, actualice su conocimiento de la jurisprudencia electoral. Si tiene un lugar en la cadena de mando militar, recuerde su deber de no cumplir las órdenes ilegales. Si es un funcionario público, sepa que su país lo necesita más que nunca para hacer lo correcto cuando se le pide que haga lo contrario.

Una elección no puede ser robada a menos que el pueblo estadounidense, en algún nivel, esté de acuerdo. Una cosa en la que Brooks ha estado pensando desde que terminó su ejercicio sobre el poder de la protesta pacífica a gran escala. “Teníamos jugadores de ambos lados que intentaban movilizar a sus seguidores para que participaran en grandes cantidades y, realmente, no teníamos un buen mecanismo para decidir, ¿eso marcó la diferencia? ¿Qué tipo de diferencia hizo eso?" ella dijo. “Dejó a algunos con grandes interrogantes sobre qué pasaría si se mantuviera una protesta masiva al estilo de la Revolución Naranja durante semanas. ¿Qué efectos tendría eso? " (6)

Solo una vez, en 1877, el Interregno llevó al país al borde del verdadero colapso. No encontraremos ningún modelo en ese episodio para nosotros ahora.

Cuatro Estados enviaron listas de electores rivales al Congreso en la carrera presidencial de 1876 entre el demócrata Samuel Tilden y el republicano Rutherford B. Hayes. Cuando un tribunal especial bendijo a los electores por Hayes, los demócratas iniciaron maniobras parlamentarias para obstruir el conteo electoral en el Congreso. Su plan era agotar el tiempo hasta el Día de la Inauguración, cuando el titular republicano, Ulysses S. Grant, tendría que dimitir.

Tilden no cedió hasta dos días antes de que expirara el mandato de Grant. Su concesión se basó en un repugnante acuerdo para la retirada de las tropas federales del Sur, donde protegían los derechos de los negros emancipados. Pero ese no fue el único aliciente de Tilden.

La amenaza de la fuerza militar estaba en el aire. Grant hizo saber que estaba dispuesto a declarar la ley marcial en Nueva York, donde corría el rumor de que Tilden planeaba prestar juramento y respaldar la toma de posesión de Hayes con tropas uniformadas.

Ese es un precedente inquietante para 2021. Si nuestras instituciones políticas no logran producir un presidente legítimo y si Trump mantiene el punto muerto en el nuevo año, el candidato del caos y el comandante en jefe serán uno y el mismo.

BARTON GELLMAN es redactor de “The Atlantic” y autor de “Dark Mirror: Edward Snowden and the American Surveillance State y Angler: The Cheney Vice Presidency”.

Traducción y notas: Carlos Pissolito

Notas: 

(1) “Politico” es una organización de periodismo político con sede en el Condado de Arlington, Virginia, que cubre las problemáticas, ideas y personalidades detrás de la política en los Estados Unidos y en el ámbito global que edita una revista del mismo nombre. 

(2) RNC, significa por sus siglas en inglés “Republican National Committee”, Comité Nacional del Partido Republicano 

(3)  El color azul identifica al Partido Demócrata y el rojo al Republicano. 

(4)  En las elecciones presidenciales de los Estados Unidos del 2000, muchos votos de Florida utilizaron boletas de tarjetas perforadas al estilo Votomatic, donde los agujeros incompletos daban como resultado erróneos, por eso se los denominó “hanging chads”.  

(5) El motín de Brooks Brothers fue una manifestación de fiscales partidarios en el condado de Miami-Dade, Florida, que el 22 de noviembre de 2000, durante un recuento de votos realizado durante las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2000, con el objetivo de cerrar el recuento.

(6) Las Revoluciones de colores son los denominados golpes de Estado blandos impulsados por los EEUU contra gobiernos autoritarios de las ex repúblicas soviéticas bajo las normas de la resistencia pacífica enunciadas por el profesor Gene Sharp. 
 



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