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martes, 31 de enero de 2012

Reclamos estratégicos sobre el mar

Acertadamente, Rosendo Fraga anuncia que los cambios geopolíticos que están ocurriendo en el Artico anticipan, de alguna manera, lo que puede llegar a pasar en la Antrártida. El reparto entre los poderosos de sectores de influencia.



Malvinas se enmarca en otras disputas por recursos naturales

Por Rosendo Fraga | Para LA NACION

En junio del año pasado, los ocho países con costa sobre el océano Artico dieron un paso importante para dividirse el subsuelo de dicho océano.
Encabezados por Estados Unidos y Rusia -las dos potencias militares más importantes del mundo-, Canadá, Dinamarca -junto con Groenlandia-, Noruega, Islandia, Finlandia y Suecia firmaron un acuerdo por el cual se repartieron la responsabilidad de las investigaciones científicas y los rescates aéreos y marítimos sobre una región marítima de 16.500.000 kilómetros cuadrados.
Es un paso que tiene una clara dirección: dividirse la explotación de gas, petróleo y minerales en el fondo del Artico, donde el Servicio Geológico de los Estados Unidos estima que está el 20% del crudo y las reservas de gas del mundo recuperables y no exploradas del mundo.
Esto sucede después de que en enero de 2011 Rusia firmara un acuerdo con la empresa británica BP, un convenio de exploración en el Artico, el que finalmente se lleva adelante con la Exxon de los Estados Unidos. Al mes siguiente, Shell propuso un convenio de exploración frente a la costa ártica de Alaska. Noruega, que en 2010 resolvió un conflicto de límites marítimos con Rusia, se apresta a abrir áreas de exploración en su costa sobre el Artico y Groenlandia está haciendo otro tanto.


Estos ocho países integran desde 1996 el llamado Consejo del Ártico, que admitió incluir como observadores en el pasado a China, Japón, Italia, Corea del Sur y la Comisión Europea. Los observadores no comparten la decisión adoptada por el Consejo (que comienza a convalidar las pretensiones de soberanía sobre el subsuelo de este océano), acerca de que quienes no tienen costa sobre el mismo preferirían verlo bajo un régimen internacional al igual que las organizaciones que protegen el medio ambiente.
Al mismo tiempo, escaló a mediados del año pasado la tensión entre China y Vietnam por los límites marítimos en el llamado Mar del Sur de China. La marina vietnamita realizó ejercicios navales con fuego real, al mismo tiempo que dio señales de acercarse a Estados Unidos y a Rusia, las dos potencias con capacidad estratégica de condicionar a la potencia asiática. Vietnam reclama su soberanía total sobre este mar y ha acusado a China de hostigar en forma agresiva a los buques vietnamitas que realizan prospección petrolífera.
En la reunión anual de diálogo estratégico entre Washington y Pekín que se realizó el 25 de junio en Hawai, la diplomacia china advirtió a la norteamericana que no se involucrara en este conflicto. Uno de los temas que se discutió en la reunión fue la influencia que ambas potencias están ejerciendo sobre ocho islas del Pacífico reconocidas internacionalmente como Estados nacionales, entre ellas Samoa, Tonga, Islas Salomon y Papua Nueva Guinea. Entre 2009 y 2010 China aumentó en 50% su comercio con estas islas-Estados.
Pero no se trata del único conflicto por la soberanía del Mar del Sur de China. Filipinas ocupa ocho de las islas Spratly reclamadas por China en base a la Zona Económica Exclusiva (ZEE), bajo la ley del mar de Naciones Unidas, que es la zona marítima sobre la cual un país tiene derechos de exploración, explotación y uso de los recursos marítimos.
Malasia, por su parte, plantea reclamos limitados a la plataforma continental y de ZEE, reclamando tres de las islas Spratly. Ha construido un hotel en una y está elevando la tierra en otra para realizar diversas obras. Brunei tiene también reclamos de ZEE sobre este mar.
A su vez Taiwan, basado en registros históricos de siglos atrás, reclama la mayor parte del Mar del Sur de China, incluidas las islas Spratly, confrontando con la pretensión de la potencia asiática.
No son conflictos nuevos, pero se han reactivado ahora por la sencilla razón de que la explotación de los recursos naturales tanto del mar como su subsuelo adquieren creciente importancia económica y viabilidad técnica.
No se trata del único conflicto de este tipo. En octubre, Turquía amenazó con enviar buques de guerra a aguas con yacimientos de gas si Chipre avanzaba en trabajos de prospección del Mediterráneo oriental en los que tiene a Israel como socio.
Aunque no se trate de un conflicto de límites, la firma en noviembre del acuerdo entre Estados Unidos y Australia, por el cual el primer país tendrá en el segundo un contingente militar permanente de 2600 hombres en la localidad de Darwin, en la costa australiana más próxima a China, generó reclamos de este país.
En América latina hay varios conflictos de límites marítimos. Tal es el caso del planteado entre Chile y Perú, derivado de la Guerra del Pacífico librada a fines del siglo XIX. En el Mar del Caribe también comienzan a reactivarse conflictos de este tipo entre varios países.
En paralelo, el conflicto por las islas Malvinas ha adquirido una nueva dimensión. El reclamo de la Argentina por la soberanía hoy no sólo tiene importancia por la explotación de hidrocarburos en el subsuelo marítimo que se ha comenzado a explorar, sino por la proyección sobre la soberanía de la Antártida. A partir de la presencia británica en estas islas, el Reino Unido reclama soberanía sobre un amplio espacio de la plataforma marítima sobre la Antártida, superponiendo su reclamo con el espacio soberano de la Argentina y en parte también del chileno.
Si bien hay un tratado que internacionaliza la Antártida por varias décadas, lo que está sucediendo en el Artico indica que los recursos naturales de ella pueden adquirir importancia económica en el largo plazo. En la última semana de junio se realizó en Buenos Aires la Reunión Consultiva del Tratado Antártico, ratificado sólo por 48 de los 192 miembros de la ONU, que este año cumple medio siglo. El ex primer ministro socialista francés Michel Rocard, quien es el embajador de su país para los polos, dijo públicamente que "las compañías petroleras y algunos Estados probablemente vayan a presionar para que suspenda la prohibición y poder ir a buscar y extraer petróleo y gas de la Antártida".
En el continente americano se ha comenzado a tomar conciencia de ello. No sólo la Unión Sudamericana de Naciones (Unasur) ha profundizado el apoyo al reclamo argentino por Malvinas, sino que se han sumado los países del Caribe de habla inglesa, lo que era impensable hasta un par de años atrás por su pertenencia a la Commonwealth.
Durante la última reunión del Consejo de Defensa de Unasur realizado en Buenos Aires el año pasado, el entonces ministro de Defensa de Brasil, Nelson Jobim, al ser preguntado por el apoyo de su país al reclamo argentino de soberanía en Malvinas, explicó que alcanzaba también a las islas Sandwich y Georgias, que están al este de Malvinas y desde las cuales el Reino Unido ha ampliado su reclamo de plataforma submarina y sobre la Antártida.
Los países que reclaman soberanía sobre la Antártida a partir de su posición geográfica, además de la Argentina, Chile y el Reino Unido, son Noruega, Nueva Zelanda y Australia. Francia lo hace, sobre una estrecha franja dentro del sector australiano que es el más grande.
En conclusión, a medida que los recursos naturales adquieren importancia estratégica y el precio de las materias primas aumenta, los reclamos de soberanía sobre el mar y su subsuelo se intensifican y también los conflictos entre Estados derivados de ellos. Es en este marco que debe analizarse el conflicto en torno a Malvinas, más allá de los factores históricos, jurídicos, políticos y coyunturales que lo determinan.
© La Nacion

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