por Carlos Pissolito
Corre el rumor de que las fuerzas armadas serán empleadas en tareas de seguridad interior. Algunas relativamente sencillas, como custodiar los denominados objetivos estratégicos y muy difíciles como -llegado el caso- derribar una aeronave en vuelo.
Llegado a este punto uno se encuentra con una larga cadena de responsabilidades. En una punta, la del comandante en jefe de las fuerzas armadas, que es quien decide sobre su empleo. En el otro, un suboficial o un oficial joven que puede llegar a impartir la irreversible orden de: ¡Fuego Libre!
En el medio, se encuentran los jefes militares de ese suboficial u oficial y los legisladores de ambas cámaras de nuestro Congreso, y -eventualmente- los jueces federales y sus auxiliares que pudieran llegar a intervenir en caso de un exceso.
Puesta así las cosas, vayamos por partes.
En primer lugar hay que establecer que el empleo de estas fuerzas solo es posible a través de una orden legítima que tenga su fundamento en un marco legal acorde.
Dicho marco legal, actualmente, no existe o el que existe no sirve. Ergo debe ser elaborado o modificado por los señores legisladores.
En segundo lugar, para que quienes tengan que combatir lo hagan con las garantías legales y operativas necesarias, es imprescindible que se elaboren las reglas de empeñamiento correspondientes. Vale decir criterios sencillos que puedan ser aplicados por un persona con una pobre instrucción jurídica y con el agravante de que lo deberá hacerlo bajo presión y solo tras una muy breve deliberación.
Es un clásico de la política -tanto internacional como nacional- que ante estas circunstancias los respectivos poderes políticos extremen sus habilidades para redactar normas lo suficientemente ambiguas como para quedar siempre al margen de toda responsabilidad.
Por el contrario, esta misma tradición indica que el hilo, casi siempre, se cortará por lo más fino cuando las cosas salgan mal. En otras palabras, en quienes tiene sus pies sobre el terreno y que enfrentan efectivamente a los enemigos de la Nación.
Los que hemos servido en nuestras fuerzas armadas y en misiones de paz internacionales sabemos, por experiencia propia, que esto es así.
Por otro lado, los que somos padres de oficiales jóvenes en actividad, no queremos que ellos pasen a ser potenciales víctimas de un vacío legal, jurídico y operativo en el cumplimiento de sus difíciles misiones.
En pocas palabras, queremos para ellos no solo un desempeño eficiente, también, un regreso con glora.
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