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Tristan Clavel
Una cadena de arrestos ha llevado a la ministra de seguridad de Argentina a denunciar los nexos entre el narcotráfico y la política local en una pequeña población ubicada a lo largo de la frontera paraguaya, que sirve como ruta clave en el contrabando de marihuana.
Hernán Aquino, hermano del viceintendente de la población de Itatí, fue detenido el 20 de febrero con otros cuatro individuos en posesión de más de 500 kilos de marihuana, informó La Nación.
El 22 de febrero el viceintendente de Itatí Fabio Aquino negó cualquier vínculo con las actividades de tráfico de estupefacientes de su hermano, según La Nación. El mismo día, Aquino se presentó ante las autoridades judiciales para responder cualquier pregunta que pudieran tener sobre el caso.
Una semana antes del arresto, la hija y el yerno del intendente de Itatí, Natividad Terán, fueron capturados por presunta participación en una de las bandas de tráfico de marihuana más importantes de la región, bajo el mando presuntamente de Luis Saucedo, alias "El Gordo". De Saucedo, empleado municipal, se dice que poseía 23 vehículos y tres propiedades. Su organización parece haber trabajado con Los Monos, organizaciones criminales de la ciudad de Rosario, informó La Capital.
"Itatí estaba manejada por la narcopolítica", comentó la ministra de seguridad Patricia Bullrich luego del arresto de la hija del intendente. "Pareciera que se está ante una asociación ilícita que utiliza conexiones políticas para cometer delitos y permanecer impunes ante la ley", añadió en un comunicado de prensa.
Se dice que las autoridades investigan a tres bandas narcotraficantes de la zona, sospechosas de usar conexiones políticas para facilitar sus operaciones.
El comunicado de prensa informa que se han decomisada ocho toneladas de marihuana desde diciembre de 2015 en el pueblo, que tiene menos de 8.000 habitantes y está situado en la frontera con Paraguay, informó EFE. "Itatí es la gran puerta de entrada de la marihuana en Argentina", declaró un investigador judicial a La Nación.
Análisis de InSight Crime
Aunque ni el intendente ni el viceintendente de Itatí han sido implicados en el caso, los arrestos de sus familiares y las declaraciones de la ministra de seguridad indican que el negocio de estupefacientes ha infiltrado la política local en este importante punto de tránsito.
Itatí está ubicada a lo largo de la frontera fluvial con Paraguay, mayor productor de marihuana de Suramérica. Con un consumo interno de apenas 5 por ciento de su producción, en Paraguay se saca ilegalmente gran parte de la producción a países vecinos, como Argentina y Brasil por vía fluvial. Esto ha convertido a pequeñas poblaciones situadas a lo largo de estas rutas, como Itatí, en capitales del contrabando de marihuana, lo que agrava el crimen y la corrupción locales.
La corrupción local es un problema en aumento en gran parte de Latinoamérica. En la región del Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala, Honduras), un número cada vez mayor de alcaldes enfrentan acusaciones relacionadas con el crimen organizado, y algunos de ellos incluso han sido cabecillas de redes criminales mientras ejercen sus cargos públicos.
Tristan Clavel
Una cadena de arrestos ha llevado a la ministra de seguridad de Argentina a denunciar los nexos entre el narcotráfico y la política local en una pequeña población ubicada a lo largo de la frontera paraguaya, que sirve como ruta clave en el contrabando de marihuana.
Hernán Aquino, hermano del viceintendente de la población de Itatí, fue detenido el 20 de febrero con otros cuatro individuos en posesión de más de 500 kilos de marihuana, informó La Nación.
El 22 de febrero el viceintendente de Itatí Fabio Aquino negó cualquier vínculo con las actividades de tráfico de estupefacientes de su hermano, según La Nación. El mismo día, Aquino se presentó ante las autoridades judiciales para responder cualquier pregunta que pudieran tener sobre el caso.
Una semana antes del arresto, la hija y el yerno del intendente de Itatí, Natividad Terán, fueron capturados por presunta participación en una de las bandas de tráfico de marihuana más importantes de la región, bajo el mando presuntamente de Luis Saucedo, alias "El Gordo". De Saucedo, empleado municipal, se dice que poseía 23 vehículos y tres propiedades. Su organización parece haber trabajado con Los Monos, organizaciones criminales de la ciudad de Rosario, informó La Capital.
"Itatí estaba manejada por la narcopolítica", comentó la ministra de seguridad Patricia Bullrich luego del arresto de la hija del intendente. "Pareciera que se está ante una asociación ilícita que utiliza conexiones políticas para cometer delitos y permanecer impunes ante la ley", añadió en un comunicado de prensa.
Se dice que las autoridades investigan a tres bandas narcotraficantes de la zona, sospechosas de usar conexiones políticas para facilitar sus operaciones.
El comunicado de prensa informa que se han decomisada ocho toneladas de marihuana desde diciembre de 2015 en el pueblo, que tiene menos de 8.000 habitantes y está situado en la frontera con Paraguay, informó EFE. "Itatí es la gran puerta de entrada de la marihuana en Argentina", declaró un investigador judicial a La Nación.
Análisis de InSight Crime
Aunque ni el intendente ni el viceintendente de Itatí han sido implicados en el caso, los arrestos de sus familiares y las declaraciones de la ministra de seguridad indican que el negocio de estupefacientes ha infiltrado la política local en este importante punto de tránsito.
Itatí está ubicada a lo largo de la frontera fluvial con Paraguay, mayor productor de marihuana de Suramérica. Con un consumo interno de apenas 5 por ciento de su producción, en Paraguay se saca ilegalmente gran parte de la producción a países vecinos, como Argentina y Brasil por vía fluvial. Esto ha convertido a pequeñas poblaciones situadas a lo largo de estas rutas, como Itatí, en capitales del contrabando de marihuana, lo que agrava el crimen y la corrupción locales.
La corrupción local es un problema en aumento en gran parte de Latinoamérica. En la región del Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala, Honduras), un número cada vez mayor de alcaldes enfrentan acusaciones relacionadas con el crimen organizado, y algunos de ellos incluso han sido cabecillas de redes criminales mientras ejercen sus cargos públicos.
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