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domingo, 1 de marzo de 2015

Venezuela y los golpes.

http://santiagoodonnell.blogspot.com.ar/2015_02_01_archive.html#8915707172411879872

Pobre Venezuela.








Por Santiago O´Donnell 
En sus 36 meses como presidente de Venezuela Nicolás Maduro lleva denunciados 18 intentos de magnicidio, en su mayoría iniciado en Est6ados Unidos y Colombia, aunque también habría habido al menos uno originado en Ecuador y otro que ocurriría en Costa Rica. o sea uno cada dos meses durante dos años y medio, según constató el sitio de notcias colombiano NTN24  en una infografía que aquí reprodujo el sitio de Infobae. Yo hubiera pensado que habían sido más.

Pero, claro, a eso habría que sumarle una cantidad igualmente importante de denuncias que viene haciendo el presidente venezolano de golpes de estado duros, blandos y semiduros, algunos originados en Colombia y otros en Estados Unidos. Como la de la semana pasada, golpe duro originado en Estados Unidos, cuyos ejecutores serían unos oficiales aeronáuticos_un general, un coronel, un mayor, un capitán y seis tenientes_hoy presos o prófugos, que habrían planeado bombardear el palacio de Miraflores y de paso tomar el poder. Pobre Maduro.

Pobre Venezuela. Porque estas denuncias se pagan caro. Los líderes de la oposición están casi todos presos o a punto de caer.

 Isaías Baduel, aquél general leal que restituyó a Chávez en el poder en el 2002, después del último intento de golpe probadamente serio (el antecedente inmediato se remonta a 1992 y los intentos de Hugo Chávez y Hernán Grüber Ordeman contra Carlos Andrés Pérez), luego jefe del Ejército y luego ministro de Defensa del líder bolivariano, luego caído en desgracia y luego jefe partidario opositor, hoy pùrga una condena de ocho años por supuestos delitos de corrupción durante su paso por el ministerio de Defensa.

Leopoldo López, un ex alcalde de Chacao, la parte rica de Caracas,  y líder de la oposición más dura, está preso desde el año pasado bajo cargos de terrorismo, homicidio e incendio de edificios públicos luego de liderar en febrero del año pasado una protesta masiva, desafiante  y mayoritariamente pacífica, protagonizada por grupos estudiantiles, que fue duramente reprimida por fuerzas estatales, incluyendo varios asesinatos que fueron captados en fotos y videos, e instancias de violencia callejera y torturas en comisarías documentadas por Human Rights Watch (HRW), la organización mundial por los derechos humanos basada en Nueva York.



La otra líder de esas protestas, María Corina Machado, sigue libre pero al parecer no por mucho tiempo. Primero la mayoría automática chavista  en la Asamblea Nacional la echó de su banca porque Machado se había presentado en la Asamblea de la OEA bajo el auspicio de Panamá para denunciar la represión de los estudiantes pero no la dejaron hablar. Después la acusaron de asesinatos por uno de esos tantos complots de magnicidio, aunque ya se comprobó que la acusación está basada en un montón de emails truchos fabricados por agentes del servicio de inteligencia venezolano, Sebin, el mismo servicio que abrió fuego contra los estudiantes, según confesara el propio Maduro por cadena nacional.

 Según el presidente de la Asociación de Alcaldes de Venezuela, el chavismo abrió proceso judiciales contra 33 de los 77 intendentes opositores que fueron electos en el último comicio, en diciembre de 2013. Sólo Henrique Capriles, el líder del sector opositor más moderado, parece a salvo por el momento aunque más no sea porque el gobierno de Maduro necesita al menos un interlocutor con quien se pueda pelear.

El último caso es el de este otro señor, el alcalde mayor de Caracas, Antonio Ledezma, que fue arrancado de su oficina a los golpes la semana pasada por agentes de la Sebín, acusado conspiración, supuestamente por haberse complotado con los aviadores. Dos días después de la detención, el vicepresidente venezolano, Jorge Arreaza, esgrimió como prueba de la participación de Ledezma en el complot, el hecho de que Ledezma había firmado un comunicado llamando a un Acuerdo Nacional que derive en la formación un gobierno de transición para salir de la crisis económica en la que se encuentra el país. Los otros dos firmantes son Leopoldo López y Corina Machado. López ya estaba preso. Por eso decía que parece que Machado está al caer.

En referencia al comunicado, acepto que quizás sea aventurado expresarse de esa manera en la Venezuela de hoy. Hablar de transición, de Gran Acuerdo, de crisis económica, sobre todo viniendo de quien viene, bien puede interpretarse como cascoteo del rancho poniendo cara de yo no fui.  Pero cómo no entender a los autores cuando la economía venezolana es un desastre. No es que anda mal, es un verdadero desastre. Olvidate que el más de sesenta por ciento de inflación anual es un récord mundial, la cifra no debería asustar si fuera el combustible que dispara una economía en llamas, pero el año pasado el PBI venezolano cayó el cuatro por ciento. Claro que no ayuda la caída del precio del petróleo, pero tampoco ayuda que la dependencia de la economía venezolana en la industria del petróleo haya crecido del 86% al 96% en la última década. Tampoco ayudan el contrabando y la especulación. Pero es difícil frenarlos cuando hay control de cambio y todo cuesta más y se paga mejor cruzando la frontera. Resultado: escasez, bronca y largas filas de madrugada para comprar lo poco que se vende en las góndolas semivacías de los supermercados.

Está bien, está bien, tampoco vamos a ignorar los logros sociales de la revolución, la inclusión de millones de venezolanos a través de las misiones de salud y educación, el haber alcanzado las metas del milenio en nutrición infantil y la mejora notable en el índice GINI de igualdad. Ni hablar del impulso a la integración regional que motorizó el primer chavismo. También damos por bueno que otros gobiernos bolivarianos de retóríca antiimperialista, el de Evo Morales, sin ir más lejos, manejan economías que funcionan bien, incluso muy bien.

 Pero estamos hablando de Venezuela y estamos hablando de ahora. Entonces digo que tampoco estaría mal que Venezuela no fuera el segundo país más violento del mundo, con un promedio de 86 muertos cada cien mil habitantes, tasa sólo superada por Honduras. Con narcotráfico, crimen organizado, milicias, guarimbas, colectivos armados, patotas motorizadas, policías y agencias de inteligencia descontroladas, muchos de los cuales fueron inspirados, provocados, cooptados, tolerados o ignorados por el actual gobierno.

Encima, con un gobierno que viene con una falla de legitimidad de origen, ya que es fruto de un período de transición durante el cual se le quiso hacer creer al país que estaba siendo gobernado desde La Habana por un presidente, Hugo Chávez, que no daba señales de vida y mucho menos de lucidez mental, pero que aparentaba firmar decretos y dar órdenes a través de presuntos interlocutores, entre ellas la de nombrar como presidente interino a Maduro cuando la constitución claramente decía que el cargo le correspondía al presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello. El problema se tapó después del anuncio de la muerte de Chávez con una elección en la cual Maduro, aún sacando provecho del efecto duelo y exprimiendo el cadáver de Chávez al máximo mediante diálogos con pajaritos que encarnarían el alma del desaparecido comandante, apenas pudo ganar por el uno y pico por ciento. Y eso que según la constitución, la constitución bolivariana, la constitución de Chávez que sigue vigente hoy, a Maduro ni siquiera le correspondía haber sido candidato porque al haber sido el mandatario provisorio que convocó las elecciones por fallecimiento del mandatario electo, no tenía derecho a presentarse, estaba inhabilitado.

 Eso sí, el Tribunal Supremo, copado por el chavismo mediante una ampliación trucha de la corte al mejor estilo menemista, avaló todo lo que Maduro, los hermanos Castro y la familia de Chávez le pusieron por delante, incluyendo, claro, la candidatura del actual presidente.

 Todo esto pasó hace dos años y medio. En ese entonces anticipé que esas trampas y manipulaciones a la larga o a la corta podrían costarle a Maduro porque habían oradado su legitimidad de origen. Ese texto y alguna de sus derivaciones me llevaron a perder el lugar que había ocupado como columnista dominical en Página 12 durante algo más de seis años seguidos. Ahora aparece el ex jefe de Seguridad de Chávez, Leamsy Salazar, para decir que Chávez murió dos meses antes de lo anunciado y que funcionarios venezolanos le falsficaron la firma con la anuencia de sus familiares. Salazar no es un soldado cualquiera. Había sido elogiado por el mismísimo Chávez en "Aló Presidente" por aparecer en una foto ondeando una bandera venezolana en la terraza de su regimiento tras el fallido intento de golpe del 2002. Cuando se murió Chávez, Salazar pasó a trabajar como jefe de seguridad de Cabello. Hace tres semanas se escapó a Estados Unidos, desde donde contó lo que se habría hecho con el cuerpo y la firma de Chávez, Dijo también que Cabello, un ex militar con fuerte predicamento en las fuerzas armadas venezolanas, dirige una red de narcotráfico. Lo dijo cuando la cantidad de escándalos de militares venezolanos vinculados con el tráfico de cocaína no para de crecer. No,parece casual que las revelaciones de Salazar coincidan con los rumores golpistas más recientes y con la última ola represiva del régimen.  

Al mismo tiempo el problema de la violencia institucional se agravó con la actitud complaciente de los organismos multilaterales y de derechos humanos de la región tras la brutal represión de las protestas estudiantiles del año pasado. Primero se pasaron un mes sin decir nada o diciendo casi nada. Después condenaron tibiamente la violencia y al mismo tiempo expresaron preocupación por la enésima denuncia de presunto golpismo, como si una presunta amenaza de una presunta conspiración fuera equiparable con una represión palpable que dejó muertos nada presuntos. Después, los cancilleres de Unasur convocaron a un encuentro entre el gobierno y la oposición que sirvió para aplacar la violencia, calmar los ánimos, mirarse las caras y abrir canales de diálogo, pero que se desinfló  sin haber alcanzado acuerdos duraderos en cuanto los cancilleres abandonaron Caracas.

A partir de entonces, salvo contadas excepciones como HRW, Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los demás observadores internacionales parecieron olvidarse del tema. No hubo misiones de seguimiento de la OEA o relevamientos in situ de la CELAC. La Unasur demostró ser mucho más eficiente como guardían de la democracia que como protector de los derechos humanos. Hasta el día de hoy ni el gobierno ni la Fiscalía General de Venezuela informaron los nombres de los 17 agentes que dicen haber detenido por "violaciones a los derechos humanos" durante las protestas, ni los cargos que enfrentan, ni dónde están alojados.

Entonces Maduro se envalentonó. El mes pasado el ministerio de Defensa venezolano adoptó una resolución para guiar la contención de la protesta social que incluye el “uso de la fuerza potencialmente mortal, bien con el arma de fuego o con otra arma potencialmente mortal”, como último recurso para “evitar los desórdenes, apoyar la autoridad legítimamente constituida y rechazar toda agresión, enfrentándola de inmediato y con los medios necesarios”. Dicha doctrina fue estrenada este mes, en una protesta estudiantil en el estado de Táchira para recordar las del año pasado, en la cual un chico de 14 años fue muerto por un balazo en la cabeza disparado por un policía venezolano. Tanto la doctrina de uso de fuerza mortal como la muerte del adolescente fueron denunciados por HRW y por el Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina, el CELS, que esta vez actuó con más reflejos y firmeza que ante la represión del año pasado.

Mientras tanto Estados Unidos arregla con Cuba, Colombia arregla con las Farc, la Unasur da vueltas  y Maduro voltea muñecos jugando a los espías. Mientras tanto, los venezolanos hacen cola a las cuatro de la mañana para intentar la compra de un rollo de papel higiénico. Pobre Venezuela. Al menos tengamos un poco de piedad y terminemoslá con el verso.