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Parlasur, entre el desconocimiento y la indignación ciudadana
Marcelo Juan Zanettini *
Hace veinticuatro años, la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay fundaron el Mercosur. Desde entonces, se sumó Venezuela y, en la última “Reunión Cumbre de Jefas y Jefes de Estado del Mercosur”, Bolivia solicitó su adhesión.
Podemos tener dos miradas sobre este proceso de integración. Una fuertemente crítica y pesimista y otra indulgente y optimista. Ambas no carecen de razón.
La primera sostendrá que luego de cuarenta y ocho reuniones “Cumbre”, el Mercosur no logró los objetivos establecidos en el artículo 1º del Tratado de Asunción (1991), que dispuso que los Estados Parte se comprometían a constituir un Mercado Común en un plazo de cuatro años.
Luego de veintiún años, tenemos una extensísima lista de incumplimientos tanto en relación a la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos como en relación a una política comercial común frente a terceros países, del mismo modo que en relación a la coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales como respecto de una armonización de las legislaciones.
En otras palabras, es insoslayable advertir que no obstante haber sido concebido como un espacio para impulsar un proceso de regionalismo abierto, el proceso de integración presenta a la fecha un bajo nivel de interdependencia, consecuencia de una diversidad de pedidos de excepciones que no sólo desnaturalizaron los objetivos fundacionales del bloque sino que generaron fricciones y reclamos entre sus miembros.
Por su parte, la visión más indulgente y optimista sostendrá que más allá de la dimensión estrictamente económico-comercial, mucho se ha avanzado en otros ámbitos tales como el tratamiento de temáticas vinculadas con las migraciones; salud, educación, empleo, seguridad social, género, derechos humanos, etc.
Lo cierto es que entre los detractores auspiciantes de un desánimo que paraliza y los optimistas ingenuos que ignoran la realidad sin capacidad de autocrítica, podemos pararnos desde una perspectiva diagonal, la cual nos advierte que este proceso de integración subregional sudamericano no tiene marcha atrás dado que para los países miembros se trata de una política de Estado avanzar con el mismo. Sin embargo, está claro que una de las más graves falencias que exhibe es su fragilidad institucional.
La Unión Europea, el espejo en el que desde sus inicios intentaron verse los fundadores del Mercosur, advirtió la importancia de construir instituciones supranacionales. Es aquí donde -a nuestro juicio- cobra importancia la constitución del Parlasur.
Los pueblos son los motores de cualquier proceso de integración. Por ello el Mercosur debe ser replanteado a partir de una mayor participación ciudadana y los ciudadanos participan en los Parlamentos a través de sus representantes.
La sensatez de los uruguayos, atento a que el Parlasur comenzará a funcionar a partir de 2020, llevó a disponer que sus representantes sean elegidos en 2019. Nosotros en cambio, por una ley votada en el Congreso, estamos obligados a hacerlo ahora, situación que confunde e incluso indigna a buena parte de la ciudadanía.
Más allá de esta circunstancia, deberíamos esperar que el Parlasur sea capaz de contribuir a la gobernabilidad de la integración -tal como el Parlamento europeo lo hace con la Unión Europea- creando instituciones de naturaleza supranacional, con legislaciones que obliguen a los Estados parte del bloque al cumplimiento de las normativas, lo cual permitirá gestionar los desafíos que plantea cualquier espacio de integración.
Es que uno de los errores que vienen repitiéndose entre la dirigencia política es ignorar la participación de la ciudadanía, siendo ello remplazado por un presuntuoso protagonismo de las jefas y jefes de Estado del Mercosur que, en lugar de impulsar la cesión de competencias en un marco institucional supranacional, han preferido asumir la conducción del proceso de integración, caracterizado por grandilocuentes pero inconducentes discursos.
En suma, una mayor interdependencia conlleva necesariamente a una complejidad creciente, la cual requiere ser administrada a través de una sólida institucionalidad que asegure su gobernabilidad.
* Profesor universitario e investigador. UNCuyo. Universidad de Congreso
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