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Por MARY ANASTASIA O’GRADY
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, aseguró la semana pasada que los esfuerzos del Congreso por destituirla son un intento de “golpe de Estado” lanzado por sus adversarios políticos. “Quiero tolerancia, diálogo y paz”, aseveró Rousseff, perteneciente al Partido de los Trabajadores (PT) en un discurso a sus simpatizantes. “Y eso sólo será posible si se mantiene la democracia”.
La solicitud de un juicio político para destituirla ha estado en el Congreso desde el año pasado. Sin embargo, el martes, el Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) abandonó la coalición de gobierno, elevando la probabilidad de que el proceso avance. El PMDB está reaccionando a una indignación popular contra la mandataria. Rousseff es acusada, entre otras cosas, de haber infringido la ley de responsabilidad fiscal del país con gastos de estímulo durante su campaña de reelección y luego usar contabilidad creativa para ocultarlo.
El mes pasado, cerca de tres millones de brasileños tomaron las calles para pedir su salida de la presidencia. La semana pasada, el Colegio de Abogados del país presentó su propia petición ante el Congreso solicitando un proceso de destitución.
La perspectiva económica de Brasil es sombría y los recientes descubrimientos de corrupción rampante son desmoralizadores. Pero se necesita una crisis para que haya reforma y las protestas populares no violentas son destacables. El llamado a un juicio de destitución es una señal de una democracia que está madurando, en la que la sociedad civil tiene suficiente confianza como para enfrentarse a la clase política.
Esta vitalidad recibe la ayuda de tres acontecimientos relativamente recientes: el fin de la hiperinflación, el intercambio de ideas e información a través de las redes sociales y la habilidad y disposición de los fiscales de usar la oferta de rebaja de penas a cambio de cooperación para investigar a la delincuencia organizada.
Rousseff asumió la presidencia el 1 de enero de 2011, sucediendo a su mentor, Luiz Inácio Lula da Silva. En su segundo mandato de cuatro años, Lula da Silva socavó gradualmente la modernización de la economía que había iniciado el presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2003). También gastó extensamente para conseguir la elección de Rousseff. La mandataria heredó un país con crecientes expectativas, pero menores posibilidades de cumplirlas.
Sus políticas económicas no fueron mejores que las de Lula da Silva. Para junio de 2013, enormes protestas se extendieron por el país contra el gasto del gobierno en los estadios para el Mundial de fútbol, mientras que los hospitales y carreteras se deterioraban y el crecimiento económico y la inversión se desaceleraban. Irónicamente, Rousseff escapó a ese aprieto cuando una minoría de extrema izquierda se infiltró en las protestas pacíficas, destruyendo propiedades y bloqueando carreteras.
Como indiqué en aquel momento, los manifestantes estaban molestos con el gobierno, pero no querían participar en la violencia organizada y ejecutada por radicales que buscaban la anarquía. Así que las protestas perdieron fuerza y la calma regresó. Pero el resentimiento contra Rousseff continuó gestándose.
Desde entonces, los fiscales del gobierno han descubierto una red de pagos que involucran al PT y otros partidos políticos. Un número de ex ejecutivos de la petrolera estatal Petrobras y de la industria de la construcción están involucrados en los escándalos. El viernes, la policía federal arrestó a dos antiguos miembros del PT. Uno enfrenta cargos de corrupción y se espera que el otro sea interrogado sobre los contratos de Petrobras y los sobornos.
Antes de obtener en 2013 el poder para negociar condenas a cambio de cooperación, los fiscales tenían pocas herramientas a su disposición para presionar a los delincuentes de bajo rango a que delataran a aquellos en puestos más altos. Ahora, los cómplices que aporten evidencia sobre sus jefes pueden obtener una rebaja de penas. Aparentemente, esto ha impulsado la cooperación. El trabajo de estos fiscales y jueces también demuestra la independencia de la rama judicial brasileña.
La economía de Brasil se está hundiendo. En 2015, el PIB se contrajo 3,8%. Este año, se cree que caerá en más de 3%. Según John Welch, un director gerente de Canadian Imperial Bank of Commerce Capital Markets, la tasa de desempleo se ubica en 9,5% y está al alza. Welch también asegura que el déficit fiscal para 2016 estará por encima de 10% del PIB y que la inflación está en 10,4%. Esa muchedumbre en las calles es principalmente la clase media del país, la cual sabe que sin estabilidad y crecimiento sus aspiraciones seguirán siendo sueños.
Los escándalos de corrupción que conectan a los políticos y a los peces gordos corporativos durante un declive económico golpean a cualquier gobierno. Pero las redes sociales han exacerbado el dolor. Los brasileños solían depender de los medios tradicionales, los cuales a su vez dependen de la pauta publicitaria del gobierno para mantenerse a flote. Eso llevó a la autocensura. Ahora, las noticias salen por Internet y los medios tradicionales las deben cubrir o corren el riesgo de volverse irrelevantes.
El 30 de marzo, el portal oantagonista.com se jactó en su blog de tener 200 millones de visitas por mes. El sitio indicó que la versión en línea de Folha de São Paulo, el periódico más prominente del país, tiene 286 millones de visitas mensuales.
Los brasileños están orgullosos de haber salido de una dictadura militar en 1985 y creen profundamente en el gobierno electo. Pero también creen que una victoria en las urnas no es un cheque en blanco y que los presidentes deben rendir cuentas.
Aún falta mucho para limpiar la política brasileña y Rousseff podría sobrevivir a los intentos por destituirla. Pero su argumento de que el uso de la cláusula de juicio político de la Constitución es equivalente a un golpe de Estado es una señal de desesperación.
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