PREJUICIOS, EMERGENCIAS Y FUERZAS ARMADAS.

por Carlos Pissolito.

Hace varios días que nuestras provincias del NEA están siendo azotadas por inundaciones que han obligado a la evacuación de decenas de miles de pobladores, a la par, del anegamiento de extensas zonas de laboreo agrícola con sus lógicas consecuencias económicas negativas.

Por otro lado, vemos intensas imágenes de viejos camiones del Ejército Argentino participando en tareas de migración de este desastre natural.

Sin embargo, no es esa Fuerza que se encuentra a cargo de las tareas de mitigación. Sucede que por un capricho organizacional la responsabilidad de conducir esas actividades ha recaído en el Ministerio de Seguridad tras una reforma introducida por el gobierno actual.



Así fue establecido por los decretos 383 del 30 de mayo de 2017 y el 746 de fecha 25 de septiembre de 2017 que establecen que será el Ministerio de Seguridad es responsable del manejo del Sistema Nacional para la Gestión Integral del riesgo y la Protección Civil (Ley 27287).

Creemos que se trata, tanto de un grave error de organización como de la expresión de un prejuicio negativo contra la capacidad de las FFAA.

Veamos los fundamentos para que las FFAA retomen el control de las situaciones de emergencia:

Como lo estamos viendo, nadie está exento de sufrir una situación de emergencia o de catástrofe. Es más, la prudencia indica la necesidad de estar preparado para las más probables.

Los municipios, la provincias, la nación misma no son una excepción a esta regla general. Ergo, deben tener alistados los medios necesarios para enfrentarlos. Al menos unos pocos para la contención inicial del fenómeno y hasta que se reúnan medios mayores.

Las FFAA deben estar preparadas para hacer la guerra. En este sentido, su principal condición es la de poder operar en situaciones caracterizadas por la fricción y la incertidumbre. En función de ello, sus medios, materiales y humanos, se encuentran especialmente endurecidos para sortear estas condiciones. Especialmente, su personal recibe una educación destinada a tomar decisiones en situaciones límite para el comportamiento humano.

Por otro lado, enfrentarse con una situación de catástrofe o de emergencia implica una actividad integral que incluye al planeamiento, a las previsiones logísticas, como las actividades previas al suceso; y a la coordinación y al control, como aquellas a desarrollar durante la respuesta a las mismas.

Lo descripto hasta ahora se parece bastante a una operación militar. Con la única diferencia de que en las emergencias no hay que lidiar contra una voluntad adversa de un enemigo humano. Estas características y otras ponen a las fuerzas armadas como una herramienta altamente capacitada para lidiar con ellas. Con lo dicho no decimos nada nuevo. Ni algo que no se practique en casi todo el mundo. Pues, es lo habitual que ellas intervengan en la mitigación y en la respuesta de estas situaciones.

Lo que nos llama la atención es que, en nuestro país, se emplean los medios de estas fuerzas, pero no su capacidad de conducción. Las mismas, según las políticas vigentes, solo se convierten en proveedoras de recursos humanos y materiales. Pero, no pueden conducir su empleo. El que queda en manos de la autoridad civil correspondiente.

Si bien en esta administración se ha cambiado el humor oficial hacia estas fuerzas, aún persisten prejuicios en los despachos oficiales. Por ejemplo, por un decreto presidencial las tareas vinculadas al apoyo a la comunidad pasaron de la órbita del Ministerio de Defensa al de Seguridad.

Dándose la paradoja que mientras estas fuerzas son las proveedoras de la masa de los recursos empleados, tanto humanos como materiales, no participan de la conducción de la emergencia.

Pedir que los comando regionales de las FFAA conduzcan a sus propios medios no implica anular un lógico y necesario control civil sobre estas fuerzas. Lo hemos dicho siempre la Política tiene su lógica y la Estrategia su gramática. Ello implica que la primera es una atribución indelegable de las autoridades electas y que la segunda debe ser dejada en manos de las fuerzas desplegadas sobre el terreno.

Concretamente, lo mejor para enfrentar una emergencia o una catástrofe, es hacerlo con unidad de comando. Vale decir con un organismo central que tenga a su cargo la conducción de las actividades, que por su propia naturaleza, son complejas y se realizan en forma descentralizadas.

Se suma a ello la necesidad de coordinar los esfuerzos de varias agencias con distintos niveles de dependencia administrativa. Tales como, elementos de ejecución de diversos ministerios y/o secretarías, fuerzas de seguridad y policiales, fuerzas armadas entre muchos otros. Además, no hay que descartar, en el caso de catástrofes de gran magnitud, la concurrencia y colaboración de medios extranjeros.

Todo ello nos lleva a concluir que lo más práctico es crear una zona de emergencia colocando a la máxima autoridad política como su responsable civil y al comandante militar como el responsable de la conducción de todos los medios afectados. Dichos medios podrán ser conducidos bajo distintas formas de dependencia que respeten sus respectivos marcos legales.

A modo de conclusión: las fuerzas armadas cuentan con el adiestramiento, la cultura organizacional y los medios para lidiar con estas situaciones. No emplearlas de ese modo es dejarse guiar por un nefasto prejuicio. Uno que ya tiene consecuencias concretas y palpables.