LAWFARE O CUANDO LAS PALABRAS MATAN MEJOR QUE LAS BALAS

 

por Carlos A. PISSOLITO

A modo de introducción: Por estos días la palabra lawfare se ha puesto de moda a raíz de que un juez del Supremo de Brasil anuló las condenas contra el expresidente Lula da Silva, quien podría ser candidato a las elecciones. Por su parte, se han establecido ciertas analogías con procesos judiciales en curso en nuestro país y que se sustancian en contra de importantes líderes políticos. 

Pero, ¿qué es el lawfare?

Concretamente, “lawfare” es un término inglés que es una combinación de las palabras “law” (ley) y “fare” que deriva de "warfare" (guerra). Como tal, puede tener un doble significado:

1ro Cuando se refiere al uso indebido de los sistemas legales contra un enemigo para  dañarlo  mediante su deslegitimación. 

2do Y cuando es una táctica utilizada por los regímenes autoritarios para judicializar protestas legítimas.

Fue acuñado por el General Auditor Militar de la Fuerza Aérea de los EEUU, Charles J. Dunlap, Jr. en su ensayo titulado: "The use of law as a weapon of war" (El uso de la ley como arma de guerra) presentado ante la Universidad de Harvard en el 2001. 

Desarrollo: Antes de continuar es preciso determinar cómo se conforma nuestro sistema legal.

Históricamente, como sabemos nuestra Constitución Nacional tiene una fuerte inspiración en la norteamericana. La que a su vez y respecto de este punto, es tributaria de las ideas del filósofo francés del Siglo XVII, el Barón de Montesquieu, quien acuña la teoría de la separación de poderes en el conocido Libro XI de su tratado “Del Espíritu de las Leyes”, el que, supuestamente, se inspiró en la descripción que los tratadistas clásicos hicieron de los sistemas políticos de la Antigüedad, especialmente en la que Polibio hace de la República romana, además de las teorías de Platón y Aristóteles.

Haya sido como haya sido, según esta visión ilustrada, el Estado existe con la finalidad de proteger a las personas de otras personas. Específicamente, el propósito del poder judicial es evitar que una sola persona o un grupo de ellas concentre, excesivamente, en sus manos todos los poderes del Estado.

Como tal, el poder judicial no sólo juzga a los ciudadanos según la ley y hace cumplir  lo juzgado. También, su función  es ser un poder de resistencia a las injerencias del poder ejecutivo o el legislativo en su propia función jurisdiccional.

Volviendo a la constitución de los EEUU, el principio de separación del poder judicial del político y del legislativo fue implementado, férreamente, por los federalistas norteamericanos como James Madison y Alexander Hamilton. 

Por el contrario, entre nosotros, si bien hemos incorporado estos principios a nuestra Constitución escrita. En la práctica,  no hemos sido muy proclives a su cumplimiento estricto.

En principio, porque ningún poder puede ser absolutamente neutral, aunque lo pretenda, sin dejar de ser un poder. Y siguiendo, porque el poder judicial es, en la realidad, una verdadera oligarquía (tienen por lejos los mejores sueldos y el mejor régimen jubilatorio del Estado, no pagan determinados impuestos, pueden portar armas, etc.). 

Pero, para colmo de males, ejercen su poder en forma discrecional, ya que muchas veces transa con los otros poderes para mantener sus privilegios. Pues, como lo vemos, al cabo de los años hay una multitud de acusados por delitos vinculados con la corrupción política y muy pocos condenados. Para más datos ver: Alberto Buela, “¿Algún poder permanece?” https://espacioestrategico.blogspot.com/2017/05/algun-poder-permanece.html

Volviendo a la política internacional, el creador del término “lawfare”,  se queja del empleo que han hecho los enemigos de su país, los EEUU, de los abusos cometidos por las tropas norteamericanas en la prisión militar de Abu Ghraib. Y afirma que:

“En ese momento, estaba tratando de centrarme en la explotación de incidentes reales, percibidos o incluso orquestados de violaciones del derecho de guerra que se emplean como un medio no convencional de enfrentar el poder militar estadounidense. Haga parecer que Estados Unidos está luchando de manera ilegal o inmoral, y el daño infligido al apoyo público que las fuerzas de una democracia necesitan para hacer la guerra es tan real como cualquier otro causado por una derrota tradicional”. 

Y concluye que:

“Seis años después, está claro que la guerra jurídica se ha convertido en un aspecto clave de la guerra moderna. Los abusos en Abu Ghraib y en otros lugares produjeron efectos más dañinos que los impuestos por nuestros enemigos por la fuerza de las armas”.  Al respecto consultar: Charles J. Dunlap, Jr. (3 August 2007). "Lawfare amid warfare". The Washington Time https://www.washingtontimes.com/news/2007/aug/03/lawfare-amid-warfare/

Parece ser que los estrategas norteamericanos aprendieron la lección, porque es otra norteamericana, en esta caso la política no convencional, Cynthia Rush, la que afirma que se trata de un arma de dominación empleada por Washington DC para presionar y controlar mejor a los gobiernos, tanto enemigos como aliados.

Más específicamente explicó en un artículo titulado: “Un equipo que dirige el golpe contra Trump, también dirige al grupo de choque de “Lava Jato” para destruir a Brasil y a Iberoamérica” que:

“En un discurso que dio el 19 de julio de 2017 para felicitarse a sí mismo, el Subprocurador General de los EEUU, en funciones, Kenneth A. Blanco, quien entonces dirigía la División Penal del Departamento de Justicia…”” ...se refirió al veredicto condenatorio que se le dictó al ex Presidente de Brasil, Lula da Silva, como el principal ejemplo de los “resultados extraordinarios” alcanzados gracias a la colaboración del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) con los fiscales brasileños en la campaña dizque “anticorrupción” llamada “Lava Jato””.

Es más, afirma que estas operaciones no se limitarían al Brasil, también, da cuenta que se desarrollan en la Argentina, en Ecuador y en México. Para más información consultar: https://espacioestrategico.blogspot.com/2017/12/lawfare-o-el-uso-de-la-justicia-como.html

Ella no lo dice, pero es obvio que todo ello se lleva a cabo con la ayuda y a caballo de resonantes denuncias mediáticas que cuentan con el apoyo de los MCS.

Por ejemplo, la mayoría de los periodistas que denuncian estos hechos de corrupción gozan del acceso a información privilegiada. La que les es proporcionada por el “International Consortium of Investigative Journalists” (ICIJ, por sus siglas en inglés) que es una red internacional independiente, con sede en Washington, D.C. y que cuenta con más de 200 periodistas de investigación y 100 organizaciones de medios en más de 70 países. 

Se especializa en temas tales como la delincuencia internacional, el lavado de dinero, la corrupción de los gobiernos. Por ejemplo, se ha hecho conocida por los denominados “Panama Papers”, una filtración de inteligencia recibida, en forma anónima, por el diario alemán “Süddeutsche Zeitung” en el 2015.

Ahora bien, dada la propia naturaleza de la información difundida, mucha de ella manejada por fuentes altamente protegidas; ya sea gubernamentales o de grandes corporaciones, nos hacen sospechar que su obtención no ha sido sencilla y sospechar que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) ha sido la responsable de su obtención, entre otras posibles.

Como tal, la NSA es una agencia de inteligencia que depende del Departamento de Defensa de los EEUU y que es responsable del monitoreo, recopilación y procesamiento global de información que se emite por cualquier medio electrónico, tales como llamadas telefónicas, mails, RRSS, etc. 

Durante el 2013, el enorme alcance del espionaje que realiza la NSA, tanto dentro como fuera de los EEUU, se hizo público tras una serie de divulgaciones hechas por su ex contratista,  Edward Snowden. Luego, en el 2020, el programa de vigilancia de la NSA fue declarado ilegal por la Corte de Apelaciones de EEUU. 

A modo de conclusiones: Por ello, no es descabellado concluir que las afirmaciones de Charles J. Dunlap, Jr. respecto de que el uso de información judicial puede y tiene un empleo militar. Es más, uno que es, a la par más silencioso y más mortal que el lanzamiento de un misil. Ya que, por estos días, las palabras matan más que las balas.

Seguramente, habrá quienes afirmen que los delitos denunciados se cometieron y que existen los responsables. Seguramente, no dudamos de ello. En ese sentido, afirmamos que toda mentira debe contener algo o mucho de verdad para ser más efectiva. 

Sí, ponemos el énfasis en su utilización como arma de guerra y como palanca geopolítica de dominación. Ya que no son pocos los ejemplos que al respecto nos trae la historia reciente. Veamos:

Tras la recuperación de nuestras Islas Malvinas, el gobierno británico centró su campaña psicológica en el hecho de que en Buenos Aires gobernaba una dictadura. Lo que  era cierto, pero con ello obviaba el hecho de fondo de que se trataba de una ocupación colonial británica.

Para justificar la 2da invasión norteamericana contra Irak, los EEUU apelaron a la acusación de que poseía armas de destrucción masiva. Lo que no solo era falso, ellos lo sabían perfectamente; ya que había sido determinado así por una comisión de la ONU, tras la 1ra invasión. Sin embargo, más allá de los múltiples excesos de Saddam Hussein, algunos contra su propio pueblo, estos se obviaron y se eligió el más mediático de las ADM.

Podríamos seguir, pero creemos que con los ejemplos citados basta para probar nuestro punto: la lawfare existe y es usada por aquellos Estados que disponen de potentes medios de inteligencia capaces de vulnerar las comunicaciones de otros gobiernos y/o de grandes empresas.

Otra dato de interés, es que la potencias que proceden así, no solo se aseguran el “moral high ground” para sí mismos, de paso erosionan la legitimidad de la causa del enemigo al cual combaten. También, consiguen toda una legión de idiotas útiles y de compañeros de ruta en el país afectado del cual se trate, quienes creen, honestamente, estar luchando contra la corrupción.

Por supuesto, que no se trata de no combatir, desde lo nacional, la corrupción, tanto como se pueda. El problema es hacerlo en función de intereses externos y siguiendo procedimientos que al final terminan invalidando todo el proceso jurídico. Tal como está sucediendo en resonantes casos contra el expresidente Luda da Silva que citamos al principio de nuestro artículo. Pues, como nos decían nuestras abuelas: “El camino al infierno está embaldosado de buenas intenciones”.