por Carlos Pissolito.
Las ciencias se gobiernan por sus objetos propios. Vale decir por la finalidad a la que sirven. Igualmente las actividades humanas que citamos en el título.
Para empezar, la justicia es -entre otras acepciones posibles- uno de los poderes del Estado destinado a hacer cumplir las leyes. Como tal se basa en principios jurídicos universalmente aceptados como la presunción de inocencia y la no retroactividad de la ley penal.
Para seguir, la política es el arte de gobernar, preferentemente, en un marco ético. El poder es su materia prima y la búsqueda del bien común debe ser su leitmotiv.
Para cerrar, la estrategia es otro arte al que se apela cuando existe la posibilidad de enfrentar un enemigo o varios en el marco de un conflicto violento.
Valga todo lo dicho para poner en contexto al caso AMIA, en general, y a la muerte de su fiscal especial, Alberto Nisman.
Luego de varios años de investigaciones y de muchas teorías al respecto, la más solida sostiene que fue cometido por el grupo terrorista Hezbollah a instancias del gobierno teocrático de Irán.
Este definición, lo saca a este hecho de la esfera de la justicia y lo coloca, decididamente, en el campo de la política, sino de la estrategia.
Pues se trata de acto de agresión de un Estado, Irán, contra otro, la Argentina. A partir de aquí, mueren las consideraciones judiciales, al menos las aplicables a los particulares.
La que tiene que hablar es la política asesorada por la estrategia. No se trata de probar nada en sede judicial, sino la defender los intereses nacionales atacados por un Estado agresor.
Ante este encuadramiento caben varias estrategias. Las que pueden ir desde la ruptura de relaciones diplomáticas, las sanciones económicas y hasta las represalias.
No vamos a especular sobre ellas. Baste señalar cómo reaccionan los Estados serios cuando se consideran atacados. Como ha sido el caso reciente de los EEUU ante el supuesto hackeo de las cuentas de varios de sus políticos.
A los EEUU no le interesó probar en sede judicial el caso. Más allá de la dificultades que implican la certera atribución de un ataque cibernético decidió en meses sancionar a quien consideró responsable. En este caso a Rusia.
Nosotros, en cambio, hemos perdido años en los meandros de la inacción y las discusiones jurídicas. Cuando lo que deberíamos haber hecho es haber actuado como un Estado soberano y no como una banda de aficionados.
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