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miércoles, 16 de diciembre de 2015

La interminable guerra contra las maras en El Salvador



https://news.vice.com/es/article/interminable-guerra-contra-maras-el-salvador










María estaba entusiasmada con la idea de largarse de El Salvador y poner rumbo a Estados Unidos. Tenía planeado viajar con su madre. Ambas habían sido hasta entonces, inseparables. A fin de cuentas, llevaban 10 años trabajando juntas como asistentas domésticas para las ricas familias que residen en la ciudad de Usulatán, la capital del departamento homónimo situado al sudeste del país. Gracias a la generosidad de un amigo que ya se encontraba en Estados Unidos, María y su madre se convencieron de que ya no les faltaba casi nada para reunir el dinero necesario para el desplazamiento. Simplemente tenían que encargarse de pagar al traficante de personas encargado de organizar un viaje conocido por su peligrosidad.
A finales de agosto, una tarde, al salir de trabajar, madre e hija llamaron a un taxista amigo de ambas. Le pidieron que las acompañara hasta el lugar en que habían quedado para reunirse con el contrabandista. Nunca regresaron a casa. La última vez que fueron vistas, estaban siendo embutidas en el vehículo de un criminal.

Puede que su desaparición esté relacionada con que María (cuyo nombre, al igual que el nombre de sus familiares, ha sido cambiado para evitar posibles represalias) estaba saliendo con un miembro de la organización criminal Mara Salvatrucha. Así lo cuenta su primo Juan desde la residencia familiar, varias semanas después de la desaparición. Mara Salvatrucha, una banda también conocida como MS-13, es una de las dos organizaciones criminales enfrentadas en una guerra sin cuartel en El Salvador. Se da la circunstancia de que la fatídica reunión entre María, su madre y el contrabandista, se celebró en uno de los territorios controlados por la pandilla rival de Mara Salvatrucha, Barrio 18.



"Queremos encontrarlas y enterrarlas como se merecen, eso es todo", explica Juan. Él sabe bien que sería muy ingenuo pensar que todavía están vivas. Lo sabe tan positivamente como sabe que no quiere que ni su nombre ni el nombre verdadero de su prima aparezcan publicados en ningún sitio. "No queremos ningún problema con esa clase de gente".

El Salvador se está desangrando. La hemorragia se está llevando por delante a una cantidad de seres humanos sin precedentes, especialmente si se considera que hablamos de un país que no está en guerra. Este año el promedio ha llegado a los 101 homicidios por cada 100.000 habitantes, una cifra que ha provocado que el minúsculo país centroamericano haya alcanzado a Honduras en lo más alto de una tétrica estadística: son los países no declarados en guerra con los mayores índices de asesinatos del planeta.

Para situar las cifras en perspectiva, podría decirse, por ejemplo, que en Nueva York, una ciudad en la que viven 8.5 millones de personas, se estima que al cabo de 2015 se habrán registrado cerca de 300 asesinatos. Según Howard Coto, subdirector de la policía de El Salvador, entre el 1 de enero y el 11 de noviembre de este año, 5.755 personas han sido asesinadas en su país, cuya población es de 6.5 millones de habitantes. Por no hablar de los desaparecidos, como María y su madre, una cifra que nadie parece estar contabilizando.

El reciente aumento de los homicidios se explica por el fin de la tregua entre las dos pandillas, una tregua que había patrocinado el gobierno salvadoreño.

La tregua arrancó en marzo de 2012 y se produjo después del fracaso de una serie de fuertes medidas adoptadas para contener la violencia. Los índices de asesinato cayeron en picado, aunque, según explica el policía, las desapariciones se multiplicaron. Algunos proclamaron entonces que podía tratarse de un nuevo paso adelante. Que el círculo vicioso en que vivía inmerso el país, aquel en que la violencia se combatía siempre con más violencia, había tocado a su fin. Otros piensan que la tregua multiplicó el poder de las dos pandillas, que las legitimó y que les concedió el tiempo necesario para reclutar a nuevos efectivos, apuntalar su poder, y expandirse.

Pandilleros de El Salvador dicen estar preparados para la 'guerra' contra el Gobierno. Leer más aquí.

Pese a todo, una cosa está clara; el país no había conocido ni antes ni después de la tregua un índice de asesinatos tan elevado como el actual. Nunca antes la población había vivido sumida en un terror comparable al que se vive ahora.

La tregua empezó a derrumbarse en mayo de 2013. Entonces, El Salvador presentó a un nuevo ministro de Justicia que decidió no reconocer los previos esfuerzos por pacificar a las pandillas. La cosa degeneró a principios de 2015 cuando se intentó zanjar la cuestión de raíz. Entonces las autoridades empezaron a transferir a los capos de las dos pandillas a prisiones de máxima seguridad con la intención de cortar de cuajo su comunicación con el exterior. Desde entonces, El Salvador lleva batiendo cada mes el récord luctuoso alcanzado el anterior.

Ahora, mientras la guerra entre las pandillas alcanza unas cumbres de mortalidad desconocidas, las autoridades han decidido combatir la violencia con más violencia.

Anteriormente ya se había intentado combatir la violencia con mano de hierro. De hecho, en 2003 El Salvador implantó la llamada política de Mano Dura. En 2005 la operación fue levemente rebautizada: pasó a llamarse Súper Mano Dura. La actual política — bautizada como Súper Súper Mano Dura por algunos — se reduce llanamente a una declaración de guerra a las pandillas.

El gobierno ha concedido a la policía y al ejército inmunidad para disparar primero y hacer preguntas después. Además, el pasado 24 de agosto, el Tribunal Supremo concedió a las fuerzas del orden una nueva herramienta para usar discrecionalmente. Entonces, la corte salvadoreña dispuso que, en adelante las pandillas serían contempladas legalmente como organizaciones terroristas. De tal modo, los pandilleros se enfrentan desde entonces a cargos de terrorismo. La sentencia fue inmediatamente contestada por las pandillas. En las siguientes semanas varios coches bomba fueron explosionados frente a oficinas del gobierno. Su carga explosiva era leve.

Habida cuenta del fracaso de las fuertes medidas implantadas, algunos se preguntan hasta qué punto el incremento de la represión conseguirá que las pandillas sucumban. Algunos, de hecho, están convencidos de lo contrario: o sea, que las represalias solo engendrarán más represalias.

"Ha quedado más que demostrado que la política Mano Dura no soluciona los problemas", explica Raúl Mijango, uno de los máximos responsables de la conciliación durante la tregua con las pandillas. "Durante 17 años se ha probado que la dureza de las medidas no va acompañada de una disminución de los crímenes. De hecho, ha sucedido lo contrario: las cosas se ponen mucho peores. Hasta ahora, la única medida que ha funcionado fue la que se aplicó entre marzo de 2012 y mayo de 2013. Y esa no es otra que la tregua".

A Mijango se le acusa de haber sido demasiado blando con las pandillas, de tenerles simpatía y de haberles concedido demasiado poder. No en vano, la tregua fue suscrita a cambio de que el gobierno entregara a los criminales grandes cantidades de dinero. Mijango está siendo objeto actualmente de una investigación por sus presuntos vínculos con los criminales. Él se defiende clamando que se trata puramente de una campaña de desacreditación auspiciada por el gobierno. Mijango ha criticado duramente los actuales métodos aplicados por el ejecutivo salvadoreño para poner fin al conflicto.

Los métodos del gobierno quedaron bien expuestos durante una reciente redada llevado a cabo en Soyapango — un decrépito pueblo situado en el extrarradio de la capital del país, la ciudad de San Salvador. Allí, decenas de policías se desplegaron por todo el barrio durante la noche para rodear a los presuntos pandilleros.

Una unidad de policías de élite provistos de rifles de asalto se personó frente a una puerta de aluminio. Todos lucían pasamontañas. El escuadrón se apostó frente a la puerta dispuesto a abrir fuego. Uno de los agentes aporreó repetidas veces la puerta con la culata de su rifle. A falta de respuesta, uno de los policías trepó la puerta. Momentos después un hombre que llevaba tatuado un enorme "18" en su espalda fue esposado y puesto de rodillas.

Los agentes entraron en su sucia y destartalada chabola y empezaron a interrogar a su novia. Tres muchachos contemplaban la escena. En el interior de la precaria residencia había una fotografía enmarcada del sospechoso posando con un grupo de jóvenes. Todos ellos llevaban tatuado el número 18. Un agente se sentó y se puso a rellenar el papeleo.

Cuando el joven preguntó de qué se le acusaba, el policía no se andó con contemplaciones: "Pertenencia a organización terrorista".

La primera pregunta que genera la situación que vive hoy El Salvador es sencilla ¿Por qué motivo decidió el gobierno cancelar la tregua y asumir de nuevo una estrategia que ha fracasado sistemáticamente? La respuesta fácil es que la mano dura, incluso cuando se asesina a los pandilleros, tiene una gran aceptación popular. Muchos salvadoreños están tan cansados de vivir aterrorizados por las pandillas que están convencidos de que la violencia es la única solución.

"Se trata puramente de demagogia electoral", asegura Mijango, el ex mediador de la tregua. El gobierno, añade, busca "explotar el resentimiento del pueblo ante la violencia de las pandillas. Lo hace con violencia, una violencia que luego se transforma en votos a su favor".

Otros relacionan directamente la popularidad de la guerra del gobierno contra las pandillas con el legado de la guerra civil de El Salvador, en la que murieron más de 75.000 salvadoreños. Entonces, el gobierno de derechas del país, que estaba respaldado por la administración estadounidense, se enfrentó a la insurrección de la guerrilla Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). La guerra, que nunca fue declarada oficialmente, terminó con el tratado de paz suscrito en 1992. Entonces el FMLN asumió el poder.

"Así es como funcionamos culturalmente. Estamos acostumbrados resolver nuestros conflictos violentamente. Es nuestra tradición", explica Mario Vega, un eminente pastor evangélico que trabaja con los pandilleros y sus familiares. "La gente quiere que se apliquen medidas ejemplares y eso es lo que el gobierno les está dando".

En 2009, el gobierno salvadoreño, liderado por Mauricio Funes, presidente afiliado al FMLN, decidió auspiciar la tregua. La actual administración, dirigida por el presidente Salvador Sánchez Cerén, también miembro del FMLN, no ha propuesto otra alternativa que las duras represalias contra los pandilleros.

"No hay nadie que haya propuesto una disminución de la violencia", explica Vega. "Todo el mundo apuesta por la represión. Y cuanto más fuerte, mejor. Y eso es porque encaja con la manera de pensar de la gente, que está convencida de que la solución está en la violencia".

Según Vega, el FMLN busca desviar la atención de su fracaso para combatir la endémica recesión salvadoreña, un país donde la riqueza está dividida de manera completamente desigual, donde no se genera empleo, hay mucha pobreza, la sanidad pública es precaria y hay infinidad de problemas sociales. Algunos, van más allá. Como José Luís Sanz, editor del portal de noticias El Faro. Según él, las represalias instauradas por el gobierno tienen una sola finalidad; liquidar los derechos humanos de los pandilleros.

'No estamos ante un problema criminal, estamos ante un problema social'

Hace unos meses, El Faro denunció una presunta masacre orquestada por el gobierno durante una redada policial desplegada en una granja a las afueras de San Salvador. La operación se saldó con una decena de pandilleros ejecutados y con la muerte de un civil que tuvo la desgracia de encontrarse en la finca en el momento de la redada. Sanz advierte que redoblar la agresividad de las fuerzas del orden provocará que cualquier muchacho pobre que resida en los barrios más deprimidos de la ciudad, se exponga a ser acusado de pandillero. O lo que es lo mismo, de terrorista.

"Se ha creado un ambiente en el que cualquiera que cuestiona a las autoridades se convierte automáticamente en sospechoso, de estar del lado de los pandilleros. Cualquiera que tenga una opinión disidente está en peligro. Eso es lo que alimenta el gobierno", dice.

Los detractores también temen que los nuevos cargos de terrorismo aumentarán la proverbial impunidad del ejército y de la policía. Ambas fuerzas tienen sus respectivas reputaciones salpicadas por denuncias de abuso de los derechos humanos, como las que les acusan de orquestar ejecuciones extrajudiciales. De tal forma, la nueva legislación parece un nuevo pretexto para seguir concediéndoles impunidad, ahora quizá, con más frecuencia que antes.

Hay algo ciertamente irónico en la acusación del FMLN — el partido que ascendió al poder para defender a todas las víctimas de la brutal represión del estado —, un partido que ahora mismo está orquestando una nueva campaña de brutalidad dirigida contra los más pobres.

Mijano, que es ex miembro del FMLN, sugiere incluso que las pandillas están abanderando la lucha de los pobres que pelean por sus derechos, y exige al gobierno que lo reconozca.

"Hubo un tiempo en que la cúpula del FMLN estaba formada por una sarta de criminales y de terroristas. Porque asesinaban, secuestraban, controlaban territorialmente el país, y porque disponían de una organización estructurada para combatir al ejército salvadoreño", explica. "Es un error no reconocer que el fenómeno al que nos enfrentamos ahora padece las mismas deficiencias estructurales que padecieron en su día las guerrillas. No estamos ante un problema criminal, estamos ante un problema social, y debemos encontrar una solución desde una perspectiva global que vaya más allá de la represión".

Mientras el debate sigue su curso, Juan, el primo de María, asegura que la única solución que le queda a su familia es la lucha. Y deja entrever que si la batalla no funciona, consideraría unirse a un nuevo y sangriento frente que combata la guerra de las pandillas.

Durante su discurso, Juan rememora muchas veces distintos episodios de la guerra civil. Él considera que la situación actual es casi peor.

"En aquella época sabíamos quien era nuestro enemigo. Ahora no. Puede que el que te está disparando por la espalda sea un niño de 10 o 11 años", explica. ¿Hay alguien que se pueda imaginar a un niño de 10 o 11 años sosteniendo una pistola con la que disparar a los soldados o a la policía? Esa es una de las cosas más duras que están sucediendo en nuestro país a día de hoy. Se está asesinando a niños y a mujeres embarazadas".

Todo el mundo, cuenta, está procurando abandonar el país. De la misma manera que lo intentaron María y su madre, y tal y como cientos de miles de salvadoreños lo seguirán intentando. La mayoría se dirige a Estados Unidos, a través de Guatemala y de México. Sin embargo, la intensificación de las medida en contra de los migrantes centroamericanos está provocando que muchos de ellos estén emigrando rumbo al sur.

"Sería fantástico encontrar la manera de ayudarles a que se vayan. Así podrán dejar de vivir como viven ahora", explica. "Yo ya he pasado por una guerra. No quiero… ". Aquí se le parte la voz y su expresión se vuelve más intensa.

Durante nuestra conversación, Juan ha contado que fue entrenado por las Fuerzas Especiales de Estados Unidos. Hay quien rumorea con que Juan fue miembro de un escuadrón de la muerte durante la guerra civil. De hecho, a día de hoy El Salvador está inundado por las habladurías que vaticinan la formación de nuevos escuadrones de la muerte para liquidar a las pandillas. Algunos, de hecho, aseguran que ya existen.

"Tengo el cuerpo destrozado por los balazos que recibí", confiesa finalmente Juan. Y enumera los distintos lugares de su anatomía que fueron perforados por los proyectiles de la guerra civil. "No quiero tener que matar a gente como hice durante la guerra. No quiero volver a esa vida. Claro que podría hacerlo si es por mi familia".