http://www.lanacion.com.ar/1928183-polemica-guerra-contra-el-narcotrafico-en-filipinas
Paula Markous
No tardó ni dos meses en hacer valer su apodo de "el Castigador". Desde que Rodrigo Duterte asumió como presidente de Filipinas, el 30 de junio pasado, unas 402 personas sospechosas de narcotráfico fueron abatidas y más de 500.00 se entregaron a la justicia.La mayoría de las víctimas murió en enfrentamientos contra la policía, pero unas 154 fueron asesinadas por sicarios no identificados.
Duterte, un abogado de 71 años, ya había anunciado que aplicaría mano dura para combatir el crimen, la misma receta que empleó durante 22 años cuando fue alcalde de la ciudad de Davao, la tercera del archipiélago.
"Si asumo la presidencia, puedo garantizar que no va a haber una limpieza sin derramamiento de sangre", dijo durante la campaña.
El presidente insiste en que sus métodos dan resultados. Según los datos de la policía de Filipinas, el crimen bajó un 13% desde que Duterte fue elegido en mayo pasado.
Pero la lucha del gobierno contra el crimen organizado y sus dudosos métodos causaron preocupación entre la ONU, organizaciones de derechos humanos y Estados Unidos, que ya alzaron la voz.
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"Hubo un atroz aumento de las matanzas extrajudiciales de sospechosos criminales por sicarios no identificados. Esto demuestra que el desconocimiento que Duterte tuvo por las leyes en Filipinas y los derechos humanos internacionales durante su campaña se convirtió en una realidad de su presidencia", dijo a LA NACION Phelim Kine, subdirector de la ONG Human Rights Watch (HRW) en Asia.
"El gobierno tiene que dejar en claro que la protección de los derechos humanos plasmada en la Constitución se aplica a todos los habitantes de Filipinas, incluso aquellos que la policía considera que son «criminales»", agregó Kine.
La vocera del Departamento de Estado norteamericano, Elizabeth Trudeau, también dijo el lunes pasado que Estados Unidos estaba "preocupado" por los asesinatos extrajudiciales.
Por su parte, las familias de las víctimas reclaman que aquellos que murieron eran consumidores que no estaban involucrados en el comercio de drogas.
El modus operandi de los sicarios recuerda a los famosos "escuadrones de la muerte", que mataron en Davao a 1000 supuestos criminales en la década de los 90. Fue ahí cuando Duterte ganó su apodo de "el Castigador". Al igual que en Davao en los 90, en Manila, la capital de Filipinas, aparecieron en el último mes cadáveres con mensajes escritos en cartones, en los que advertían a la gente que no se metiera en las drogas o serían los próximos.
Uno de los casos más icónicos fue el de Michael Siaron, un conductor de tuc-tuc -una especie de triciclo motorizado- que fue asesinado en plena calle por un sicario. La foto de su cuerpo sostenido por su novia, Jennilyn Olaires, en la calle se difundió en los medios del país e indignó a organizaciones humanitarias.
A Siaron lo mató un hombre armado no identificado el 23 de julio por la noche mientras trabajaba en Manila. A su lado había un cartel que decía "traficante de drogas". Olaires insiste en que Siaron no vendía drogas. Consumía shabu, la metanfetamina que ya es plaga en el país de casi 100 millones de habitantes.
"Comprábamos la cena con los 80 pesos [1,70 dólares aproximadamente] que ganaba en el día. "Si era un traficante de drogas, ¿por qué habríamos estado viviendo en una villa miseria junto al río?", dijo Olaires.
Pero a Duterte no lo conmovieron ni la historia de los jóvenes ni la icónica foto. "Es una parodia de La Piedad", dijo, en referencia a la escultura de Miguel Ángel en la que la Virgen sostiene en su falda el cuerpo de Jesús.
El mandatario no sólo apunta a los peces pequeños. Está dispuesto a llevar su guerra hasta las más altas esferas. Hace una semana denunció públicamente a 158 funcionarios vinculados con el narcotráfico, la mayoría de ellos policías y militares, aunque la lista también incluye a tres miembros del Congreso y siete jueces.
Pero, a pesar de todo, la mano dura de Duterte no escandalizó a la mayoría de los filipinos, hastiados de la corrupción y la delincuencia.
"La mayoría apoya activamente o tolera su estridente campaña anticrimen. Esto se debe a que en Filipinas hay una percepción de que sólo las medidas draconianas pueden ser efectivas para que se cumpla la ley y haya orden", explicó a LA NACION Richard Javad Heydarian, analista político filipino y especialista en estudios asiáticos.
"Aunque la imagen de Duterte es negativa en el exterior, el mandatario podría convertirse en el presidente más fuerte y popular de la historia moderna de Filipinas. Tiene una aprobación del 91% y una supermayoría en el Parlamento", agregó.
Ajeno a las críticas externas, la lucha de Duterte contra el crimen organizado continúa. El presidente pidió a la policía "triplicar" sus esfuerzos. Su objetivo es alcanzar la meta de 100.000 criminales muertos que prometió para los primeros seis meses de su mandato.
Parece, además, dispuesto a todo. "No me importan los derechos humanos, créanme", dijo el domingo pasado.
El polémico presidente de Filipinas, de 71 años, asumió el 30 de junio pasado con la promesa de erradicar el crimen. Su objetivo es alcanzar la meta de 100.000 criminales muertos que prometió para los primeros seis meses de su mandato. Lo apodan "el Castigador", por su intolerancia contra el crimen
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